Según datos de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de Valencia, a julio de este año eran un total de 1.164 casos de ocupación en vivienda pública los registrados, lo que significa que una de cada 14 viviendas de protección oficial estaban ‘okupadas’.
El actual Gobierno municipal de Barcelona tiene un plan ambicioso: construir 8.850 viviendas públicas durante su mandato, de las cuales un 80% serán destinadas al alquiler social y un 20% al derecho de uso.
El ministerio de fomento estudia levantar decenas de miles de pisos de entre 50 y 90 m2 para destinarlos al alquiler por un precio máximo de 375 euros mensuales.
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