Parque público de viviendas

El acceso a la vivienda de alquiler asequible mediante la construcción de vivienda social se ha convertido en tema de Estado para muchos países en Europa. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han recomendado a España, y otros, en sendos informes. Ambos organismos internacionales piden potenciar esta medida por encima de otras como el control de los alquileres o distintas ayudas sociales.

El Mitma ha transferido más de 354 millones de euros a las comunidades autónomas dentro de las subvenciones del Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En estos cuatro últimos años, las ayudas estatales destinadas a ampliar el parque de vivienda público, a las ayudas al alquiler o a la rehabilitación han ascendido a más de 1,4 millones de euros.

El Ayuntamiento de Madrid contará con unos presupuestos para 2021 que superan los 5.000 millones de euros, que incluye una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que permitirá ahorrar hasta 20 euros por recibo a los ciudadanos. El área de Vivienda, con unas cuentas de 194,2 millones, se centrará en la construcción de nuevas promociones para alquiler asequible en Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO van a presentar al Gobierno una propuesta para que el futuro control de los precios del alquiler se limite en aquellas zonas más tensionadas donde el pago de la renta supere el 25%-30% de los ingresos medios de los hogares. Además, proponen gravar las viviendas vacías de esos barrios controlados y suprimir los beneficios fiscales por la compra de vivienda como inversión.

El renombrado Ministerio de Fomento está cerca de completar la licitación de terrenos públicos, propiedad del Estado y otras administraciones, donde se podrán levantar las primeras 5.000 viviendas del esperado Plan 20.000. Estos pisos se destinarán al alquiler social o asequible en las zonas tensionadas de las grandes ciudades para aumentar la oferta del mercado. Además, hay que sumar las 3.260 casas que se encuentran en distintos estados de urbanización procedentes de los acuerdos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Según datos de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de Valencia, a julio de este año eran un total de 1.164 casos de ocupación en vivienda pública los registrados, lo que significa que una de cada 14 viviendas de protección oficial estaban ‘okupadas’.

El actual Gobierno municipal de Barcelona tiene un plan ambicioso: construir 8.850 viviendas públicas durante su mandato, de las cuales un 80% serán destinadas al alquiler social y un 20% al derecho de uso.