Suelo público

Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen asumirlo, con la condición indispensable de que se cualifiquen como viviendas de protección oficial de forma indefinida y se construyan inmuebles protegidos de alquiler. Entre este suelo disponible se encuentran los 50 terrenos para construir 3.770 viviendas en el proyecto bautizado como 'Plan Viena', y cuya licitación quedó desierta a comienzos de año.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP para exigir al Gobierno que ponga en marcha varias medidas en materia de vivienda. En concreto, han salido adelante cinco de los seis puntos que se han debatido, entre los que se encuentran poner suelo de titularidad pública en el mercado para construir vivienda a precios asequibles, habilitar desalojos de personas que han ocupado una casa ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas y medidas de carácter fiscal que faciliten el ahorro y las posibilidades de emancipación de los jóvenes. PSOE y Sumar han votado en contra de las propuestas.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha cerrado su mejor año comercial de los últimos 15 años, superando los 83,8 millones de euros en ventas de suelo tanto industrial como residencial. Las ventas de superficie neta en 2024 se concretan en más de 1,7 millones de metros cuadrados, que se traducirán en la instalación de más de 180 empresas, entre las que hay multinacionales. La operación más significativa del año ha sido la venta de 190 hectáreas de suelo industrial en Talavera de la Reina por 20,6 millones de euros para la instalación de un gran centro de datos de la multinacional Meta.

Si hay una frase de moda en el sector inmobiliario es la de desarrollar vivienda en alquiler en colaboración pública-privada. Sin embargo, Jorge Ginés, director general de Asprima, asegura que en la construcción tiene mucho más peso el sector privado. Mientras los trabajos de urbanización y edificación y la financiación corresponden a empresas, la comunidad autónoma o el ayuntamiento define las normas y, como mucho, pone el suelo. De ahí que afirme que la expresión más adecuada sería colaboración privada-pública. Ginés también defiende la necesidad de trabajar juntos para resolver los problemas sociales, incluida la falta de acceso a la vivienda.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado el convenio firmado entre el Mitma y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 14.900 viviendas en alquiler social o asequible en suelo público. Las primeras estarán finalizadas entre 2025 y 2027 y se quiere llegar a 34.000 unidades en 10 años. La mayoría se ubican en la Operación Campamento (Madrid), pero también hay en Málaga, Sevilla y Valencia. Todas ellas están dentro del objetivo de aumentar el parque público en 100.000 viviendas, junto a los acuerdos con CCAA y ayuntamientos, y las cesiones de pisos de Sareb y entidades financieras.

El Consejo de Ministros ha autorizado el marco de colaboración entre el Mitma y Sepes para la ejecución de parte del "Plan de vivienda para el alquiler asequible" en colaboración con otras Administraciones Públicas y con la intervención de la iniciativa privada. El Ministerio traspasará 375 millones de euros entre 2022 y 2023 para movilizar suelo donde se podrán levantar 17.300 pisos de alquiler asequible. El objetivo del plan es alcanzar las 100.000 viviendas en régimen de alquiler social y asequible.

El Ayuntamiento de la capital ha lanzado un concurso para desarrollar más de 2.000 viviendas de alquiler asequible en terrenos públicos, tal y como adelantó idealista/news. La convocatoria incluye 25 parcelas municipales con una edificabilidad total de 150.000 m2 y que están repartidas en 11 distritos, desde Retiro o Moncloa-Aravaca hasta Villaverde y Carabanchel. El objetivo es que las rentas estén un 25% por debajo del mercado libre y que supongan menos de un 25% de los ingresos de las familias.

El ministerio de vivienda ofrecerá a los promotores y cooperativas pagar a plazos el suelo público que adquieran para construir vpo hasta un máximo de dos años, debido al desplome de la actividad inmobiliaria que ha dejado desiertos los primer concursos de suelos públicos en poder de sepes (entidad

El congreso de los diputados ha aprobado una proposición no de ley de ciu para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a un precio máximo de 375 euros al mes, mediante un sistema de colaboración entre el sector público y el privado El texto ha sido apoyado por el psoe y el pn

El arquitecto Carlos jurado asegura que el ejemplo del pocero bueno, en fuenlabrada, «es una gran bofetada al sector de la construcción actual. No nos gusta sentirnos engañados. Nos han quitado la confianza. Esta sensación es muy evidente cuando necesitamos vivienda».