Raquel Sánchez (Mitma): ya se desarrolla el 60% de las 100.000 viviendas públicas de alquiler prometidas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado el convenio firmado entre el Mitma y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 14.900 viviendas en alquiler social o asequible en suelo público. Las primeras estarán finalizadas entre 2025 y 2027 y se quiere llegar a 34.000 unidades en 10 años. La mayoría se ubican en la Operación Campamento (Madrid), pero también hay en Málaga, Sevilla y Valencia. Todas ellas están dentro del objetivo de aumentar el parque público en 100.000 viviendas, junto a los acuerdos con CCAA y ayuntamientos, y las cesiones de pisos de Sareb y entidades financieras.

Este objetivo de ampliar el parque público en 100.000 viviendas en alquiler asequible o social, supondrá incrementar en un 25% el actual parque de vivienda que actualmente supone menos del 2% de total de inmuebles residenciales en España

Las primeras 14.900 viviendas se levantarán en algunas de las ciudades más necesitadas en la oferta de alquiler de viviendas, como son Madrid, Ibiza, Málaga, Sevilla o Valencia. Se prevé que estén terminadas entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2027.

Exactamente estarán situadas en el Residencial Buenavista de Málaga; el Parque de Artillería de Sevilla; en Can Escandell, en Ibiza; el Cuartel de Artillería y el Cuartel de Ingenieros, en Valencia, y en la demoniada Operación Campamento, en Madrid.

Además, la ministra ha anunciado la construcción de un grupo adicional, de más de 2.700 viviendas, en Dos Hermanas (Sevilla), Telde (Gran Canaria), Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Guadalajara, Navalcarnero (Madrid) e Ibi (Alicante).

"Esta cifra no es ni mucho menos definitiva", ha dicho la ministra. “Los nuevos suelos en estudio deberían permitirnos alcanzar las 34.000 viviendas a lo largo de la próxima década. Sánchez ha recordado que Sepes trabaja en ocho actuaciones, por valor de 1.100 millones de euros, de los que el Ministerio ya ha transferido 258,8 millones

Para alcanzar estas 100.000 viviendas para ampliar el parque público de viviendas, la ministra ha precisado que se realizarán distintas actuaciones través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, donde se están cerrando acuerdos con entidades locales (9.850 vivienda) y comunidades autónomas (más de 14.000 viviendas), además actuaciones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliciencia (PRTR, unas 20.000 más) y la cesión de viviendas a través de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb),con 15.000 unidades, y otras 10.000 viviendas por parte del Fondo Social de Vivienda concertado con entidades financieras.

"En definitiva, el 60% de las viviendas ya las tenemos en desarrollo. Creemos que este país, si queremos que sea un país digno donde todos tengan un lugar donde poder desarrollar su proyecto vital y hacer realidad sus sueños, hay un elemento fundamental que es disponer de un hogar", ha reconocido Sánchez.

Actualmente, solo hay 52.000 viviendas de alquiler social procedentes de planes de viviendas anteriores. La futura Ley de Vivienda va a prohibir la venta del parque público.

Levantar casas en zonas tensionadas de alquiler a la espera de la Ley de Vivienda

La ministra ha urgido a aprobar la Ley de Vivienda cuanto antes para que los ciudadanos tengan un acceso pleno a sus derechos en condiciones asequibles, aunque no se ha atrevido a asegurar que llegue en 2022.

El acuerdo con el Sepes está enfocado a la construcción de viviendas en territorios en los que exista un mayor desajuste entre los precios y las posibilidades de acceder a una vivienda.

Estos ámbitos se concretan actualmente en Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Sevilla, Málaga, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Sepes ha remitido al Ministerio una relación de suelos de su titularidad calificados para uso residencial de vivienda localizadas en estos ámbitos. Pero esta colaboración puede extenderse a otros suelos que pueda adquirir Sepes o a suelos de otras administraciones públicas o de sus entidades vinculadas o dependientes.

Campaña para informar de las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios

El Mitma también ha lanzado una nueva campaña para informar sobre las medidas puestas en marcha para facilitar el acceso a una vivienda "digna, asequible y eficiente energéticamente", según afirma en un comunicado

La dotación económica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asciende a 4.420 millones de euros, distribuidos en dos actuaciones principales: 3.420 millones de euros de ayudas directas a la rehabilitación de viviendas, barrios y edificios residenciales, que incluyen una partida de 450 millones de euros para bonificaciones fiscales, y 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social.

Los objetivos que se persiguen con estas ayudas son la reducción de más de un 30% del consumo de energía primaria no renovable en el conjunto de las actuaciones, la descarbonización de la calefacción y refrigeración, contribuir a reducir las emisiones de C02 y combatir la pobreza energética, con el objetivo de ejecutar 510.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2026.

Estas medidas tienen como objetivo impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Una de las vías más efectivas para alcanzar los umbrales exigidos en el marco del PRTR es actuar sobre la envolvente de los edificios, mejorando el aislamiento de fachadas y cubiertas o sustituyendo las carpinterías por otras con rotura de puente térmico para evitar que el frío se cuele por las ventanas o instalar sistemas de calefacción o refrigeración cero emisiones.

Las ayudas directas llegan hasta 21.400 euros por vivienda, se financia entre el %40 y el 80% del coste de la actuación y se subvenciona el 100% en caso de vulnerabilidad social y económica.

En cuanto a las medidas en materia de fiscalidad, se han introducido nuevas deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.