Barcelona y su área metropolitana aspira a ser un referente para empresas globales. Para ello necesita contar con científicos, inversores, directivos... de cualquier punta del mundo. Y, según un estudio realizado por la asociación privada Barcelona Global, para conseguir atraer ese talento internacional necesita ser competitiva en la fiscalidad para impatriados en un momento óptimo para ganar relevancia en el contexto del Brexit.
Las conclusiones a las que ha llegado Barcelona Global las extrae a partir de un estudio con el que esperan conocer mejor y comprender las necesidades de la ciudad. Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, "es un momento óptimo para posicionase con medidas para atraer talento e inversión internacional", dice el director general de Barcelona Global, Mateu Hernàndez. "El relato global de los impuestos gira sobre cómo se trata a las sociedades. Pero cada vez más la economía se basa en el talento de las personas y hay que replantear cómo se les trata fiscalmente".
Italia, por ejemplo, ha aprovechado el Brexit para aprobar, aunque con cierta polémica, una tarifa plana fiscal para atraer a grandes fortunas que quieran trasladar su residencia fiscal a su país. Portugal, por su parte, adaptó recientemente su legislación para atraer talento internacional.
Barcelona Global compara en su informe las condiciones fiscales de nueve ciudades: Amsterdam, Berlín, Londres, Madrid, Nueva York, París, singapur, Zurich y, claro, Barcelona. Toman el ejemplo de cuatro supuestos profesionales para compararlas. Barcelona figura entre las peores posicione. "España no tiene una ordenación fiscal puesta al día, orientada a la atracción de talento", explican Albert Collado (Garrigues), Sonia Velsaco (Cuatrecasas) y Blanca Usón (Roca Junyent), que han participado en el estudio.
“La legislación española avanzó en atracción de talento con la ley de emprendedores (contempla la concesión de visados o la residencia vinculada a actividad económica), pero en materia fiscal no se ha actualizado”, añade Hernàndez. Actualmente, a los impatriados se les cubre los impuestos de patrimonio y renta, pero no los de sucesiones, que afecta al entorno familiar. Además, tiene una temporalidad de cinco años, pensando en la rotación en las multinacionales, pero deja fuera, por ejemplo, los proyectos de investigación que pueden alargarse diez o quince años.“La realidad ha cambiado. Hay que adaptarse en el contexto de competitividad europeo, porque tampoco se trata de buscar una fiscalidad al estilo de Singapur”, concluye Hernàndez.
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