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El Supremo aclara que el ITP en la dación en pago se abona sobre el valor de la deuda cancelada

Autor: Redacción

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD), la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

Así lo establece el Supremo en una sentencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por Caixabank contra la sentencia del TSJ de Madrid que consideró correcta la liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas que se le giró a la entidad financiera tras recibir la dación en pago a su favor de unas fincas para saldar la deuda derivada de un préstamo hipotecario.

En muchos casos, el valor de los inmuebles entregados en dación, y el de la deuda hipotecaria cancelada, no coinciden. Y ello, debido a la crisis económica y la caída del precio de los inmuebles. Por tanto, la diferencia entre tributar por el valor real de los inmuebles o por el importe de la deuda que se cancela, puede ser notable, según afirma José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. Así, existiendo pronunciamientos judiciales contradictorios de varios TSJ, el asunto llegó al Supremo, que acordó decidir si la base imponible había de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma debía coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha decidido que “en una dación en pago de uno o varios inmuebles hipotecados al acreedor, la base imponible del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los bienes inmuebles que se transmiten”.

Para llegar a esta conclusión, el Supremo se basa en una interpretación conjunta de los artículos 10.1 y 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/1993. De este modo, considera que la base imponible es el valor real de los bienes y derechos transmitidos (artículo 10.1). Pero ello, siempre que el importe de la contraprestación percibida a cambio no sea superior. En ese caso, según el artículo 46.3, habría que tributar por el importe de la contraprestación percibida. Por ejemplo, si el valor de los inmuebles entregados es de 180.000 euros, pero con ello se cancela una deuda de 225.000 euros, habrá que atender a este último valor. En este caso, la cancelación de la deuda (225.000 euros) es la contraprestación que se recibe por la entrega de los inmuebles (que sólo valen 180.000 euros).

Sin embargo, esta interpretación exige un matiz, según afirma José María Salcedo. Y es que, en opinión del abogado de Ático Jurídico, el citado artículo 46.3 no podría aplicarse en el caso de que los inmuebles se valorasen conforme a los valores oficiales publicados por la Comunidad Autónoma. En ese caso, debiera prevalecer el valor oficial de los inmuebles entregados, en lugar del importe de la contraprestación pactada (importe de la deuda cancelada).

Salcedo afirma que el Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de esta interpretación, refiriéndose a la inadecuada técnica legislativa de la Ley del impuesto, y a la inadecuada ubicación del referido artículo 46.3 dentro de la ley. A pesar de ello, el Alto Tribunal acaba decantándose por la aplicación del artículo 46.3, por considerar que el “espíritu de la Ley” es el de permitir la comparación entre el valor de los bienes entregados, y la deuda cancela. Afirmación cuanto menos discutible, en opinión de José María Salcedo.

En el caso concreto resuelto, Caixabank presentó la correspondiente liquidación por el concepto ITPO (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales onerosas) consignando como base imponible el valor de las fincas adquiridas (141.982,90 euros), lo que arrojaba una cuota tributaria de 8.518,97 euros. Sin embargo, la administración tributaria consideró que la base imponible del impuesto debía coincidir con el importe de la deuda hipotecaria cancelada como consecuencia de la transmisión, lo que determinó que el órgano competente de la Comunidad de Madrid girase una liquidación provisional del ITPO, por la que se determinaba una cuota de 11.832,71 euros, ya que el tipo de gravamen debía proyectarse sobre la suma que estaba pendiente (197.211,91 euros) y que fue extinguida por consecuencia de la dación en pago.