Una caja negra en los coches oficiales para impedir que malgasten tu dinero

Los coches oficiales se han convertido en objeto de debate debido al elevado gasto que suponen para la ciudadanía. Aunque no se puede saber con exactitud cuántos hay operativos en España, el abuso de este medio de transporte por parte de los políticos ha sido ampliamente criticado. Por eso, administraciones como el Ayuntamiento de Madrid han optado por reducir su número.

A los coches oficiales hay que sumar la existencia de muchos otros vehículos dependientes de las administraciones, como coches de policía o ambulancias, cuyos desplazamientos influyen tanto en el bienestar ciudadano como en las arcas públicas.

Ahora, en San Francisco han decidido controlar todos los vehículos públicos con el objetivo de reducir los accidentes, ahorrar dinero y promover la conducción segura. Una medida que, si se trasladara a España, también podría contribuir a mejorar el funcionamiento de las distintas flotas de vehículos.

Para ello, la ciudad planea instalar una suerte de cajas negras que cuenten con GPS en todos los coches y que permitan monitorizar los gastos de cada automóvil, investigar las colisiones y mejorar la planificación de rutas. “Permitirá saber cómo, cuándo y dónde se está conduciendo. Es una medida preventiva, así la gente tendrá un poco más de cuidado”, ha asegurado Norman Yee, miembro de la Junta de Supervisores de la localidad.

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Si se aprueba, esta ordenanza requerirá que cada departamento monitorice los datos de su flota de vehículos en tiempo real en vez de enviarlos a una compañía privada. “Controlar la información de los vehículos de una ciudad en tiempo real mejora la seguridad, reduce los costes operativos y las emisiones y permite localizar cuándo se producen desperdicios y fraudes”, concreta Yee.

Esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos no es la primera en plantearse adoptar esta medida. Cerca de San Francisco, el condado de Yolo ya instaló un sistema similar para recoger datos sobre los coches de policía, con la intención de que los miembros del cuerpo no sobrepasaran los límites de velocidad cuando no fuera necesario. Tras un año en funcionamiento, las infracciones de velocidad injustificadas se redujeron un 91%.

La ciudad de San Francisco también podría beneficiarse de este sistema. No en vano, entre 2010 y 2015, el gasto en juicios y acuerdos por infracciones causadas por sus automóviles se elevó a 76,9 millones de dólares (unos 68 millones de euros) Boston, Chicago, Houston, Atlantic Beach, Albany y los estados de Georgia y Florida también controlan sus coches de policía y, algunos de ellos, otros vehículos públicos.

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La oposición de los trabajadores

Todas las administraciones defienden que tener controladas sus unidades mejora la respuesta en momentos de emergencia, ya que permite conocer la localización de los vehículos sin tener que esperar a una respuesta por radio. Además, hace que sus agentes se queden en las zonas asignadas y facilita tener toda la información cuando se produce un percance.

Sin embargo, si la solución se adoptase en España, puede que la administración topase con una oposición no esperada tanto desde las filas políticas como desde la propia policía o el servicio de ambulancias. En la mayoría de las ciudades que han implantado el sistema, una parte de los trabajadores públicos han protestado por la monitorización. En Boston, por ejemplo, los policías alegaron que un control permanente por parte de sus comisarios podría comprometer las investigaciones.

Otras voces advirtieron del riesgo de que un ciberdelincuente logre acceder a esta información. La posibilidad de consultar determinados datos a través de los registros públicos provocaría situaciones peligrosas: los criminales podrían conocer cuáles son las rutas habituales para llevar a los prisioneros a la cárcel o, en el caso de los coches oficiales, dónde se encuentra exactamente un político.

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A pesar de las reticencias de algunos trabajadores o el miedo a un posible robo de datos, todos los beneficios de la monitorización podrían tener su traslación a España si se decidiera controlar los vehículos públicos.

Con ‘cajas negras’ con GPS como las de la ciudad de Boston no solo se dispondría de la información en tiempo real sobre la localización de las flota de coches de policía y ambulancias, sino que además se podrían controlar sus trayectos y gastos.

A pesar de que en los últimos años se ha reducido el número de coches disponibles del Parque Móvil del Estado, registrar los trayectos y almacenar otros datos como la velocidad contribuiría a que los políticos los emplearan exclusivamente para actos oficiales, además de eliminar las posibles presiones sobre sus chóferes para  incumplir las normas de tráfico con tal de llegar a tiempo.

En definitiva, las cajas negras que ya emplean muchos vehículos al otro lado del Atlántico facilitaría el control de los movimientos de nuestros dirigentes y aseguraría que los trabajadores de los servicios públicos cumplieran las normas de la misma forma que lo hacen los ciudadanos.