PSOE, PRC, UxS y Vox se han unido en la presentación de una moción para exigir la creación del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) por parte del Ayuntamiento de Santander, gobernado por el PP. Este tribunal debía estar funcionando hace 19 años y su ausencia puede obligar a devolver millones de euros procedentes de impuestos tan importantes como la plusvalía o el IBI.
La moción presentada por la posición pone de manifiesto que Santander es la única capital de provincia que no cuenta con este organismo, que no es una vía judicial y a la que pueden recurrir los ciudadanos sin coste en caso de que muestren discrepancias con una multa o el importe de un impuesto.
Además, el Gobierno del PP de Santander ha desoído la advertencia que le hizo en 2003 el Ministerio de Hacienda.
En la actualidad, el Tribunal Supremo tiene un nuevo asunto sobre la mesa que es aclarar si procede anular las liquidaciones, sanciones, apremios o embargos procedentes de la plusvalía municipal, el IBI y de otros impuestos locales en aquellos ayuntamientos que hayan incumplido la obligación de establecer un Tribunal Económico-Administrativo local, tal y como establece la normativa española. Y es el caso del Ayuntamiento de Santander.
Este nuevo asunto que tiene entre manos el Alto Tribunal proviene de dos sentencias de diferentes juzgados que han puesto en evidencia la falta de un Tribunal Económico-Administrativo municipal en muchos Ayuntamientos considerados de “gran población”, pese a que la regulación española así lo establece. Estos tribunales se encargan de resolver, por ejemplo, los recursos contra liquidaciones y autoliquidación de tributos locales, como es el caso de la plusvalía municipal.
¿Y cómo afecta la ausencia de estos tribunales a los contribuyentes? El Ayuntamiento que no cuente con uno deriva directamente al contribuyente a la vía judicial, que le genera gastos jurídicos de defensa y corre el riesgo de pagar las costas. Es decir, le priva de acudir a una vía más barata para defenderse del fisco.
En España muchos son los Ayuntamientos de gran población que se han saltado a la torera la creación de un Tribunal Económico-Administrativo municipal, pese a que así lo obliga el artículo 137 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Se trata de un tribunal que debe resolver las reclamaciones de los ciudadanos sobre tributos locales, como es el caso de la plusvalía municipal. Pero este incumplimiento puede hacer que los consistorios lo paguen muy caro porque hay dos sentencias que avalan que tanto las liquidaciones como las autoliquidaciones recurridas sean nulas de pleno derecho. Aquí puedes ver cuáles son los municipios considerados "gran población", según el Ministerio de Politica Territorial.
El Supremo puede obligar a devolver la plusvalía o el IBI a estos ayuntamientos
El Tribunal Supremo tiene un nuevo asunto sobre la mesa que resolver relacionado con los tributos locales. Debe aclarar si procede anular las liquidaciones, sanciones, apremios, embargos o recaudación procedentes de la plusvalía municipal y el IBI y de otros impuestos locales en aquellos ayuntamientos que hayan incumplido la obligación de establecer un Tribunal Económico-Administrativo local, tal y como establece la normativa española. Te mostramos un listado con los consistorios que han in
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