Plusvalía Municipal

La Dirección General de Tributos (DGT) ha zanjado una de las dudas más frecuentes entre quienes venden su vivienda: ¿pueden las reformas servir para reducir la plusvalía municipal? En una consulta vinculante, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deja claro que no. Los gastos de reforma o mejora no incrementan el valor de adquisición del terreno a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El mensaje es inequívoco: las reformas pueden incrementar el valor de la edificación, pero no alteran el valor del terreno, que es el único elemento gravado por este impuesto.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Tras vender o heredar una vivienda, hay que pagar una serie de tributos, entre los que destaca el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. Ahora bien, ¿cuánto se paga de plusvalía?

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha marcado un antes y un después en la interpretación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El fallo, emitido el pasado mes abril, confirma que los contribuyentes pueden reclamar la devolución de este tributo, aun cuando el Ayuntamiento ya hubiera cerrado el expediente con una liquidación firme. La clave está en la inexistencia de ganancia real.

Conocer todo lo relativo a la plusvalía municipal resulta fundamental debido a su impacto directo en las transacciones inmobiliarias y las obligaciones fiscales locales.

El pasado mes de diciembre el Gobierno actualizó, a través del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, los coeficientes máximos que se aplican al cálculo con el método objetivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Sin embargo, como dicho Real Decreto-ley no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, esta temida subida se ha quedado en papel mojado de momento. Te explicamos cómo liquidar este tributo y reclamar lo pagado de más, en caso de haber liquidado en base a los coeficientes de 2025.

Cuando se vende una vivienda, toca pagar impuestos y declarar los ingresos obtenidos en la Renta. Uno de los tributos es la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del suelo de un inmueble. Ahora bien, ¿hay que abonarla siempre?

En la actualidad, los contribuyentes que en su día iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador en materia de plusvalía municipal se encuentran en un laberinto procesal. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada sólo durante 2024 para dar respuesta a las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En este recorrido ponemos sobre la mesa algunas trampas con las que pueden encontrarse los contribuyentes, en qué casos las reclamaciones están abocadas al fracaso y cuáles son los motivos que han llevado al Tribunal a dar la razón a los contribuyentes.

La normativa española señala que es competencia de los ayuntamientos la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, como el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El problema viene cuando dichas competencias no se llevan a cabo por el personal funcionario del consistorio, sino por empresas privadas o públicas que contrata el propio ayuntamiento. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que se trata de una práctica perseguida por los Tribunales y que podría suponer la anulación de actos tributarios que finalmente se notifiquen a los contribuyentes.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha presentado el Libro Blanco para la reforma de la tributación local, que incorpora casi 100 propuestas dirigidas a la mejora integral del diseño y gestión de los impuestos y tasas locales, como son la plusvalía, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras, entre otros. Además de plantear una reforma de todos los tributos y tasas locales insisten en el carácter público de la actividad de inspección tributaria local.

Los inspectores de la Hacienda Local proponen la reforma de la tasa de basuras o de la plusvalía municipal, entre otros tributos y tasas locales, en el marco del Congreso Anual de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), que se celebra en Granada la próxima semana. Tras este encuentro, el organismo que representa a funcionarios vinculados con unos 3.000 ayuntamientos y diputaciones de todo el país presentará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, que recoge propuestas para acabar con la inseguridad jurídica en torno a estos impuestos.

La última sentencia del Tribunal Supremo fijó que se puede mantener la solicitud de devolución de la plusvalía municipal en los casos en los que no hubo ganancia, incluso cuando la liquidación sea firme. En este artículo te contamos cuándo y cómo se puede solicitar la devolución del Impuesto sobre

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que las reclamaciones en los ayuntamientos por las "negligencias del legislador" en torno a la plusvalía municipal ascienden a 750 millones de euros. Los inspectores han denunciado la inseguridad jurídica en torno al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y prevén una oleada de reclamaciones por parte de los contribuyentes.

El Catastro es un registro de bienes inmuebles que tiene como fin la adecuada identificación de dichos bienes con la realidad física y la asignación de su valor, de forma que pueda usarse con fines principalmente tributarios, como es el caso de impuestos como el IBI o la plusvalía municipal.

En España muchos son los Ayuntamientos de gran población que se han saltado a la torera la creación de un Tribunal Económico-Administrativo municipal, pese a que así lo obliga la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

Heredar una casa no es una operación automática: para que la propiedad de un inmueble pase de una persona a otra es necesario que se produzcan una serie de trámites, entre ellos, el pago de los impuestos correspondientes.

En octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal y, con ello, abrió la puerta a que muchos contribuyentes que en su día pagaron este tributo, solicitaran una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, señala que la obtención de una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial ha acabado convirtiéndose en un camino lleno de trampas para los afectados. Si el contribuyente puede demostrar que no obtuvo incremento de valor, o que éste fue inferior al que se gravó con las normas del impuesto, entonces hay motivos para seguir peleando.

En breve habrá una nueva vía para corregir errores cometidos por los contribuyentes al declarar sus impuestos y también para discrepar frente a Hacienda: se trata de las autoliquidaciones rectificativas, que cuenta con ventajas, pero también con inconvenientes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, analiza esta nueva forma de rectificar los tributos y evitar pagar de más a Hacienda. Se trata de una vía más rápida y sencilla para subsanar errores, pero podría conllevar sanciones y el pago de los intereses de demora.

Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado nulas de pleno derecho las liquidaciones firmes del impuesto de plusvalía municipal cuando se vendió un inmueble a pérdidas. Para José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation, no estamos ante un pronunciamiento sorpresivo. De hecho, idealista/news ya anunció esta posibilidad de revisión en noviembre de 2022, antes incluso de que se dictase por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia la sentencia a la que el Tribunal Supremo, finalmente, ha dado su “fumata blanca”. El experto explica que sólo son susceptibles de revisión las liquidaciones firmes frente a las que no se interpuso recurso alguno o que, si se hizo, fuera desestimado.

El Tribunal Supremo ha fijado que se puede obtener la devolución de la plusvalía municipal cuando se vendió o transmitió un inmueble a pérdidas, y esto a pesar de que la liquidación sea firme. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que estas liquidaciones se consideran nulas de pleno derecho y, por tanto, se puede pedir su revisión, incluso aunque estén prescritas. Así, se puede pedir ahora la revisión de liquidaciones firmes de 2014, 2015 y 2016 en adelante.

En los últimos 15 años se ha sucedido una larga batalla entre contribuyentes y Administración que ha dejado por el camino tres declaraciones de inconstitucionalidad sobre la plusvalía municipal, un cambio normativo en este impuesto y una larga hilera de sentencias del Supremo fijando doctrina casacional para intentar suplir la inactividad del legislador, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. En su opinión, se trata de un tributo con gran litigiosidad todavía presente. Para poder saber qué reclamar es importante tener en cuenta la fecha en que se hizo la transmisión del inmueble gravada por el impuesto.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva al Estado a los tribunales para reclamarle una indemnización de 713 millones de euros por los daños ocasionados por los pronunciamientos judiciales y lo que califica como la "inactividad" del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, impuesto que no pueden cobrar los ayuntamientos. A finales de diciembre, la Junta de Gobierno municipal aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Gobierno ha actualizado a través del real decreto-ley de medidas para hacer frente a la escalada de precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, al no haber Presupuestos para 2024. El decreto reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Sabemos que cuando se realiza la compraventa de una vivienda existen una serie de impuestos que deben abonarse. Sin embargo, en el caso de las herencias siempre entran algunas dudas. Además del conocido impuesto de sucesiones, existen otros costes de los que el beneficiario debe hacerse cargo en un plazo concreto. Entre estos costes, se encuentra el de la plusvalía municipal, también conocido como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que no afecta solo a las viviendas, sino también a los garajes, trasteros, terrenos o locales, entre otros.