
El sector de la construcción y la ingeniería ha solicitado la movilización urgente de hasta 5.000 millones de euros para desarrollar infraestructuras resilientes ante inundaciones en la cuenca mediterránea, con el fin de mitigar los efectos devastadores que podrían causar futuras DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), realizó esta petición durante unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde se discutieron las causas, consecuencias y posibles soluciones tras la reciente DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre.
El sector ha expresado su preocupación por la falta de inversión en infraestructuras en España, señalando que entre 2011 y 2022, la financiación en este ámbito se redujo en un 57% en comparación con el periodo de 2007 a 2010, con solo 1.300 millones de euros invertidos anualmente, frente a los 3.000 millones previos a la crisis financiera.
Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), recordó que las inundaciones constituyen el riesgo natural más significativo en España, generando pérdidas de hasta 800 millones de euros al año. Santos enfatizó la necesidad de una planificación a largo plazo para las infraestructuras, respaldada por una financiación adecuada y estable, que evite períodos de infrainversión como los vividos tras la crisis de 2008.
Joan Franco, presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), también subrayó la urgencia de realizar una fuerte inversión en el sector del agua, destacando la importancia de la colaboración y coordinación entre el sector público y privado.
Ignacio Sánchez de Mora, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España (CIES), resaltó que cada euro invertido en diseño y construcción puede ahorrar cinco euros en mantenimiento, 25 euros en reparaciones y 125 euros en rehabilitación, gastos que ya se están produciendo en Valencia.
Jesús Casas, presidente de la empresa pública Tragsa, agregó que la zona afectada por la última DANA representa hasta el 1% del Producto Interior Bruto (PIB), con una considerable actividad industrial y un denso tejido urbano.
Finalmente, José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), afirmó que todas las empresas promotoras de vivienda en España deberían dedicar un año completo a la zona afectada para abordar el problema de vivienda ocasionado por la DANA, que se estima en unas 100.000 viviendas a reconstruir, en comparación con las 112.000 que se construyen anualmente en el país.
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