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rodrigo rato (expresidente de Bankia) y Antonio Zoido (presidente de grupo BME) fuente: dani castillo / Idealista News
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Los informes que los peritos del Banco de España han elaborado para el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, dedican varios capítulos a analizar las operaciones inmobiliarias ejecutadas por Bankia. Los expertos subrayan que un conjunto de estas transacciones inmobiliarias de “escasa racionalidad económica”  suponían una ventaja económica para los socios promotores y al mismo tiempo un “significativo” y “grave” perjuicio para el grupo BFA/Bankia.

En concreto,  uno de los apartados está centrado en desglosar la reformulación en Bankia hábitat, la inmobiliaria de la entidad. Aquí se expone que en la revisión de las cuentas del grupo en 2011 - que arrojó pérdidas de 2.979 millones, frente a un beneficio de 309 millones anunciado inicialmente- 1.117 millones de pérdidas se correspondieron a dos grandes ajustes.

Unos 805 millones de euros fueron consecuencia de la reestimación del valor de determinados activos inmobiliarios mantenidos a través de sociedades y vehículos de inversión, directa o indirectamente, por Bankia. Otros 312 millones se debieron a la actualización de información relativa a determinados compromisos asumidos por parte de la entidad en relación con sociedades e inversiones de naturaleza inmobiliaria.

Los peritos judiciales aseveran que las memorias reformuladas del grupo aportan poca información y aclaración del ajuste practicado. Por este motivo, recuerdan que se solicitó a l banco una “explicación detallada indicando los motivos y criterios de los distintos ajustes”. Una información que fue remitida por BFA/Bankia el 9 de mayo de 2014 y que, en su opinión, presenta una serie de deficiencias.

En este sentido, subrayan que no se aporta una explicación detallada e individualizada de la forma de cálculo de las distintas provisiones o correcciones efectuadas para cada una de las empresas inmobiliarias participadas, que permita “apreciar y distinguir el deterioro sufrido consecuencia del empeoramiento del sector inmobiliario en el cierre del ejercicio 2011”.

Escasa razonabilidad económica

Los expertos indican que de los 1.117 millones de pérdidas, el 70% se correspondieron con el deterioro de activos financieros y provisiones dotadas que se identifican con sociedades participadas inmobiliarias identificadas por la presencia de pérdidas continuadas (algo que ocurría, al menos, desde finales de 2010); por ser denunciadas ante la Fiscalía y por tener “indicios de actuaciones irregulares”.

En este punto, destacan que en ese conjunto de operaciones fueron realizadas, en su mayoría, a favor de los socios de las empresas participadas, “provocan perjuicios para la propia sociedad participada, con reflejo en sus cuentas anuales, que se traduce en un deterioro aún mayor de su solvencia y de su capacidad de generación de recursos que conlleva un menor importe recuperable de las inversiones mantenidas en las mencionadas sociedades participadas por parte del Grupo BFA/Bankia”.

Estas operaciones consistían principalmente en compras de suelos o de participaciones en sociedades cuyo, principal activo, son suelos rústicos o urbanizables y con largo desarrollo urbanístico, “habiéndose formalizado durante los últimos años del ciclo inmobiliario, cuando ya era evidente la situación de deterioro del ciclo inmobiliario”, critican los peritos.

Además, consideran que las valoraciones de los activos que se realizaron para fijar los precios estaban basadas en hipótesis de desarrollo urbanístico terminado,” lo que supone asegurar al vendedor una ganancia difícilmente realizable”. También concluyen que todas estas actuaciones suponían unas ventajas económicas para los socios promotores y de forma paralela un significativo y grave perjuicio económico para el Grupo BFA/Bankia.

 

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