Reino Unido reduce las ayudas sociales para ahorrar casi 6.000 millones hasta 2030

El Gobierno laboralista del Reino Unido ha anunciado un plan para reducir el sistema de ayudas sociales, con el objetivo de fomentar el empleo entre personas con problemas de salud física y mental y con discapacidades, y así reducir el gasto estatal en 5.000 millones de libras (aproximadamente 6.000 millones de euros) para 2029-2030. Una de las principales medidas es la introducción del llamado “derecho a intentarlo”, que implica ejercer distintos empleos sin perder las ayudas de forma automática. 

En el último año, el número de personas que cobra el ‘pago de independencia personal’ (PIP) que lo reciben quienes presentan discapacidades, aumentó un 12%, hasta los 3,66 millones en Inglaterra y Gales. 

La ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, ha presentado ante el Parlamento un conjunto de medidas diseñadas para motivar a los ciudadanos a reincorporarse al mercado laboral, tras un notable descenso en el mundo laboral desde la pandemia.

Entre las iniciativas propuestas destaca el "derecho a intentarlo", una nueva legislación que permitirá a los beneficiarios de subsidios por enfermedad explorar oportunidades laborales sin la inmediata pérdida de sus ayudas, creando un entorno más flexible para su retorno al trabajo.

Kendall respondió a las críticas sobre el ahorro propuesto para la seguridad social recordando el aumento significativo de beneficiarios del 'pago de independencia personal' (PIP), que en el último año alcanzaron los 3,66 millones, un incremento del 12% en Inglaterra y Gales. Este aumento se traduce en un 71% más de beneficiarios en comparación con enero de 2020, antes de la crisis sanitaria, lo que, según la ministra, refleja un desequilibrio en el sistema vigente.

Las cifras oficiales subrayan un aumento del 150% en solicitudes por parte de los jóvenes, un crecimiento del 190% relacionado con problemas de salud mental, y una sorprendente alza del 400% en peticiones debido a dificultades de aprendizaje.

En complemento a las medidas más estrictas para calificar al PIP, el Gobierno se ha comprometido a ajustar esta ayuda a la inflación, garantizando un pago universal a las personas con discapacidades, al margen de sus ingresos.

Además, la reforma abarcará la simplificación de los procesos de elegibilidad para subsidios y la racionalización del espectro de ayudas disponibles, eliminando aquellas que puedan desincentivar la participación laboral.

Este conjunto de medidas, que ha generado un debate intenso y críticas desde sectores sindicales y algunos miembros del propio Partido Laborista, busca aliviar la carga del estado del bienestar en un contexto de deuda y estancamiento económico crecientes.