Maniobra 2026: Italia estudia aplicar un nuevo impuesto a la inversión en oro del 12,5%

El Gobierno de Italia está estudiando aplicar un nuevo impuesto sobre el oro en manos de particulares en el marco de la búsqueda de nuevos recursos para la ley de presupuestos de 2026. Tras la hipótesis de un impuesto del 18% sobre el oro como inversión, el gravamen único para quienes poseen oro de inversión en forma de lingotes, monedas o joyas sin documentación de compra podría reducirse al 12,5 %, lo que permitiría, en caso de venta, que solo se gravaran las plusvalías obtenidas. 

Cómo funciona la propuesta
 

La hipótesis es poner en marcha un «procedimiento de revalorización fiscal del oro de inversión». Según el texto, los contribuyentes que a 1 de enero de 2026 posean oro como inversión —lingotes, placas o monedas— y no dispongan de documentos de compra podrán solicitar una revalorización fiscal antes del 30 de junio de 2026. En ese momento, en caso de venta, pagarían un tipo impositivo reducido del 12,5 %, en lugar del 26% previsto actualmente en caso de plusvalía no documentada. 

Según los promotores —en particular, la Liga y Forza Italia—, esta medida serviría para favorecer la aparición del oro «sumergido» y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Estado. 

Cuánto reportaría al fisco

Basándose en una simulación técnica, se calcula que, con una adhesión mínima del 10%, la medida podría reportar entre 1.670 y 2.080 millones de euros. Las estimaciones en las que se basa el cálculo parten de la hipótesis de que en Italia los particulares poseen entre 4.500 y 5.000 toneladas de oro, con un valor de mercado que podría rondar los 500.000 millones de euros. Dentro de esta masa, el «oro de inversión», es decir, el oro físico que se posee en forma de lingotes, placas o monedas, se estimaría entre 1.200 y 1.500 toneladas. 

Por qué el Estado sale ganando

Según la lógica de los impulsores, la operación tiene una doble ventaja: por un lado, mayor transparencia, ya que muchos italianos poseen oro heredado o comprado hace años sin conservar recibos ni documentos; esta medida permitiría regularizar estas situaciones. Por otro lado, generaría ingresos extraordinarios; el impuesto único, si se aplica de forma suficiente, representaría de hecho una recaudación significativa, útil para financiar otras medidas de la maniobra.

Además, quienes se acojan a ella y paguen el impuesto verían revalorizado su «coste fiscal»: en caso de venta futura, ya no pagarán el 26% sobre el valor total, sino solo sobre la plusvalía, es decir, sobre la diferencia entre el precio de venta y el valor declarado en el momento de la regularización. 

Críticas y riesgos

Sin embargo, no faltan las contraindicaciones. Entre las principales podría estar el riesgo de que la medida favorezca actividades ilícitas, como el "blanqueo" de oro de dudosa procedencia. Tampoco es seguro que la adhesión alcance el 10%: muchas personas podrían mostrarse reacias a declarar el oro familiar, heredado o considerado un bien "afectivo". Por último, algunos ven en la operación una medida puramente fiscal, un nuevo impuesto sobre un bien privado y considerado por las familias como un refugio seguro, sobre todo en tiempos de incertidumbre económica.

El punto de vista técnico

El procedimiento propuesto prevé que la revalorización del bien sea supervisada por intermediarios autorizados, con los controles adecuados contra el blanqueo de capitales. Según los defensores de la medida, esto garantizaría no solo la regularización, sino también una mayor legalidad en las transferencias futuras.

Por el momento, la enmienda está sobre la mesa de la mayoría y deberá pasar el examen parlamentario. Aún no es seguro que la medida sea aprobada, ya que el Gobierno y el Tesoro están evaluando cuidadosamente los riesgos y beneficios. La agencia de noticias "Reuters" ha hablado de una estimación de "hasta 2.080 millones de euros" si la medida fuera aprobada.