La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido paralizar el procedimiento de adjudicación de la Ciudad de la Justicia hasta realizar un nuevo estudio de viabilidad. Un proyecto que se lleva demorando desde 2003 con el Gobierno de Esperanza Aguirre, muy criticado por su alto coste y el sistema de gestión.
El proyecto pretende integrar a los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid en una superficie de 206.000 metros cuadrados en Valdebebas. La Ciudad de la Justicia ha pasado ya por tres proyecto, donde siempre se ha puesto en entredicho los costes de construcción y gestión del complejo. Desde un principio, el gobierno regional pretendía que la construcción y la gestión del recinto fueran privados a cambio de 1.752, 5 millones de euros. Una gestión que pasaría a manos de la Comunidad pasados 30 años.
Antes de su salida del gobierno autonómico, Ignacio González aceleró la tramitación del proyecto y hasta la mesa de contratación adjudicó las obras al grupo formado por Acciona y OHL. Pero no llegó la confirmación definitiva del consejo de Gobierno que ahora tendría que ratificar Cifuentes.
Sin embargo, la nueva presidenta ha solicitado a un grupo de expertos legales que analicen la situación del proyecto, su viabilidad y costes para la Administración antes de mover ficha. Esta demora y los cambios de proyectos pueden derivar en reclamaciones por parte de las constructoras y solicitar futuras indemnizaciones si finalmente el proyecto queda suspendido.
Después de una década, solo está construido el Instituto de Medicina Legal, actualmente cerrado y semiabandonado, con un coste de 19,3 millones de euros. Ni el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ni el Colegio de Abogados de Madrid se han mostrado a favor de este proyecto que pretendía integrar a 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas del servicio de la Administración de Justicia, más 42.000 abogados y 1.719 procuradores.
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