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La ocu exige soluciones para las familias afectadas por un desahucio

Autor: Redacción

La ocu ha remitido una serie de propuestas al gobierno y a los partidos políticos para que evitar los desahucios de las familias. Asimismo, la organización  exige a los poderes públicos “medidas rápidas y contundentes” para atender las necesidades de las personas afectadas por procesos de ejecución derivados de hipotecas impagadas

En este sentido, la ocu considera “insostenible” la situación de más de 300.000 familias desahuciadas “que ven cómo pierden su vivienda y a la vez aumenta su deuda”

La asociación explica en una nota que no pretende que el deudor se desvincule de sus deudas contraídas pero sí exige que se tomen medidas para evitar que éstas aumenten “exponencialmente” y de que el deudor “se vea compelido a una situación de exclusión social total”

Del mismo modo, la ocu solicita que se articulen medidas para que la entidad financiera contribuya a encontrar una solución a un problema del que “incuestionablemente” es parte

La ocu propone:

1) acotar el concepto de insolvencia sobrevenida, de forma que aquellos consumidores que actuando de forma responsable no hayan podido evitar la situación de insolvencia, gocen de una especial protección

2) para evitar la ampliación desproporcionada de la deuda: además de revisar los gastos del procedimiento actual de ejecución hipotecaria, deberá preverse un interés máximo a pagar en caso de impago de la hipoteca (podría ser el legal), de modo que la deuda no aumente artificialmente como ocurre

Ahora, aun sabiendo que es impagable. Y la adjudicación de la vivienda a la entidad financiera prestamista debería estar exenta de impuestos y de gastos notariales y de registro de la propiedad, puesto que ahora recaen en el deudor

3) para evitar el desalojo de la vivienda y su infravaloración a efectos de cálculo de la deuda pendiente tras la ejecución: por una ley especial, se reconocería al desahuciado de la vivienda habitual por impago de la hipoteca o por ser avalista un derecho preferente de arrendamiento de dicha vivienda, por un plazo mínimo de 10 años y por un importe máximo del 2% anual del valor de adjudicación, actualizable al ipc

A cambio, la ocu propone que las entidades podrían estar compensadas fiscalmente por esta obligación, por ejemplo por exención del ibi, tasa de basuras y la deducción correspondiente en el impuesto de sociedades

La organización de consumidores cree que con estas medidas se incentiva más que se acepte la dación en pago, ya que habrá entidades que prefieran aceptarla y recibir el piso libre de ocupantes que no tener que mantenerlo con una renta limitada al 2% sobre el valor adjudicado. Además, este límite del 2% del valor de adjudicación aplicable a la renta debería evitar que la entidad valorara muy baja la vivienda al quedársela

Además, recuerda que el problema de base es el sobreendeudamiento de las familias, facilitado por las entidades financieras en años de bonanza y alerta de que en la actualidad se está repitiendo algunas situaciones del pasado, como son la concesión de hipotecas con porcentajes superiores al 80% del valor

La ocu también subraya que persiste un “desequilibrio” entre el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y la renta disponible de los españoles

Por último, la ocu considera que el incremento del paro, el descenso del número de cotizantes a la seguridad social y el descenso de los salarios implican necesariamente un mayor ajuste del precio de la vivienda en España en el corto y medio plazo. “Las bajadas de precios no han sido suficientes”, asevera
 

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