Alternativas desahucios

La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.

El primer Consejo de Ministros de agosto ha hecho oficial la decisión del Gobierno de ampliar durante casi tres meses más, exactamente hasta el 31 de octubre, las medidas sociales para suspender los desahucios y los lanzamientos de viviendas en alquiler que lleva vigente desde finales de 2020.

Los propietarios que se han visto afectados por la paralización del desahucio de su inquilino vulnerable, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, podrán presentar su petición de compensación por el perjuicio económico generado hasta el 9 de septiembre de 2021 en el órgano autonómico correspondiente. La renta dejada de percibir se calculará por valores de referencia de la zona, pero no podrá superar al alquiler que se estaba percibiendo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde el decreto que regula la compensación que recibirán los propietarios de viviendas, incluidos los grandes tenedores, que se vean afectados por la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Dicha indemnización podrá solicitarse si los servicios sociales no han podido encontrar una alternativa para estas personas en situación de vulnerabilidad y cuando se produzca una pérdida de ingresos para el arrendador.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que extenderá algunas de las medidas de carácter social más allá del estado de alarma que concluye el próximo 9 de mayo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. El presidente Pedro Sánchez ya adelantó esta medida en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados la ampliación de la moratoria de alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. Estas medidas vencían el próximo 9 de mayo con el fin del estado de alarma, pero ahora se prorrogarán tres meses adicionales.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han llegado a un acuerdo de última hora para retirar sus enmiendas a los Presupuestos de 2021 referidas a ampliar las medidas contra los desahucios de viviendas antes su votación en el Pleno de Congreso. La Comisión parlamentaria ya había rechazado esta medida, mientras la formación morada alega que ya ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar los plazos antidesahucios vía real decreto.

El Gobierno de coalición negocia tramitar un real decreto ley que amplíe la suspensión de los desahucios de viviendas hasta el final del estado de alarma después de que el Congreso haya descartado la enmienda de Podemos, ERC y Bildu a las cuentas públicas de 2021. La propuesta primero fue rechazada por los letrados de la Cámara Baja, al "no ser de materia de Presupuestos”, mientras que en la votación parlamentaria solo fue respaldada por sus impulsores. El vicepresidente Pablo Iglesias asegura que llegarán novedades en un plazo máximo de dos semanas.

La enmienda a los Presupuestos planteada por Podemos, ERC y Bildu para paralizar los desahucios hasta 2023 no ha salido adelante tras el rechazo en bloque del Congreso. La medida sólo ha logrado el respaldo de los partidos impulsores, mientras que el resto de fuerzas parlamentarias, que suman casi 300 diputados, ha rechazado su puesta en marcha. El PSOE ha votado en contra y el PP se ha abstenido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la propuesta "no tenía sentido" y que el Gobierno actuará cuando considere oportuno.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha creado un grupo de trabajo con 11 bancos para evitar desahucios en la región. Según el Consejo General del Poder Judicial, más de la mitad de los 10.344 desahucios en Andalucía en 2014 fueron por impago de hipoteca.

La junta de Andalucía aprobó ayer, con los votos del psoe e iu y el rechazo del pp, la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, y que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos en los que haya riesgo de exclusión social Esta ley amplía respe

Los servicios de intermediación de los colegios de abogados permiten a muchos ciudadanos con riesgo de embargo hipotecario alcanzar acuerdos de refinanciación con los bancos.

El fondo monetario internacional (fmi) cree que las medidas emprendidas en España para reformar las leyes contra el desahucio "van en la buena dirección" pero reclama que éstas se centren en los casos "más necesitados", de forma que se les dé la oportunidad de "empezar de nuevo" tras un período "raz

La ocu ha remitido una serie de propuestas al gobierno y a los partidos políticos para que evitar los desahucios de las familias.