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Los afectados por la supresión de las ayudas a la VPO al Constitucional: “Nuestra situación debe abordarse sin demora”

Autor: Redacción

Los afectados por el fin de las ayudas a los préstamos protegidos han tomado la iniciativa y han enviado a Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, el presidente del Tribunal Constitucional, una carta para pedirle que desbloquee lo antes posible la situación que viven las familias afectadas.

A través de la asociación valenciana que coordina todas las plataformas de afectados a escala nacional, han recordado al Alto Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad que presentaron fue admitido hace dos años (en concreto, el 8 de octubre de 2013) y, sin embargo, todavía está sin resolver.

“Los afectados hemos comunicado al Tribunal Constitucional la existencia de al menos 43 sentencias suspendidas en los juzgados de la Comunidad Valenciana a la espera de que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que nos afecta. De este modo, ponemos en conocimiento de este Tribunal la situación de bloqueo que viven los afectados VPO”, explica el comunicado de la asociación.

Las plataformas de afectados recuerdan que el recurso de inconstitucionalidad fue promovido por la Coordinadora Nacional de Plataformas para defender a los afectados contra la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en el año 2013.  Una decisión que consideran injusta, antisocial e inconstitucional,  “especialmente en lo relativo a la retroactividad y la seguridad jurídica (Art. 9.3, entre otros), ya que supone eliminar un derecho previamente concedido en los planes de vivienda”.

La misiva insiste en que la supresión de las prórrogas de subsiadiación de préstamos protegidos afecta a unas 300.000 familias que, en estos dos años, están sufriendo mes a mes incrementos en las cuotas hipotecarias de entre 90 y 300 euros, lo que se traduce para ellos en una situación socioeconómica difícil y que, en muchos casos, la única salida que queda es el desahucio.

La asociación también recuerda que solo en la Comunidad Valenciana hay 43 sentencias suspendidas en los juzgados, una cifra que podría ascender a 70 antes de que acabe el año y que no tiene en cuenta las que existen en otras comunidades como Andalucía o Madrid, donde el número de afectados es muy elevado.

Por eso, piden al Constitucional que, en la medida de lo posible, acelere el procedimiento. “Así pues, atendiendo a la cantidad de procedimientos judiciales paralizados, en previsible incremento, y valorando a la difícil situación socioeconómica que estamos viviendo los afectados y nuestras familias durante este período, entendemos que la resolución del recurso de inconstitucionalidad mencionado, habiéndose cumplido ya dos años desde su admisión a trámite, es una cuestión que debe abordarse sin demora”, concluye la carta.