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Un duro informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid revela la falta de transparencia y otras anomalías en la venta de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de la capital, bajo el mandato de Ana Botella, vendió al fondo de inversión Blackstone en 2013 por 128,5 millones de euros. Según el estudio, las casas no podían venderse sin antes ofrecer a los inquilinos la posibilidad de comprarlas.

Tres años después de que el Ayuntamiento de Madrid vendiera en plena crisis económica unas 1.860 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler para sanear sus maltrechas arcas la operación sigue coleando. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha concluido en un informe que la venta presentó graves irregularidades. Entre ellas, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y una pérdida millonaria para las arcas municipales.

Las casas fueron vendidas al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros, 32 millones menos de lo que valían los inmuebles. Además, y según el informe de Cámara, la propia Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) se saltó los procedimientos y “(…) contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”.

Esto quiere decir que el consistorio tendría que haber ofrecido la oportunidad a los inquilinos de adquirir su piso antes de venderlo al fondo de inversión. El Ayuntamento también incumplió el control de los alquileres firmados por los ciudadanos afectados con su nuevo inquilino, que debía mantener las mismas condiciones. “Las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%” según la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías.

Junto a estos “fallos”, el Ayuntamiento de Ana Botella incumplió trámites burocráticos como la existencia de pliegos de condiciones de la venta o el establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar, ni un estudio o informe de viabilidad técnica y jurídica de la operación.

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