La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a que los beneficiarios de las viviendas en régimen de alquiler social no tengan que asumir los 13 millones de euros procedentes del impago del IBI de estas viviendas VPO durante los últimos cuatro años y que afectaría a unas 20.000 familias con problemas económicos.
“Los inquilinos de viviendas sociales no tendrán que pagar IBI. Bajo ningún concepto vamos a repercutirlo. La Comunidad asume el pago”, afirmó tajante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, saliendo al paso de las noticias que informaban de que la Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA, estudiaba la posibilidad de repercutir a los cerca de 20.000 beneficiarios de las viviendas VPO de alquiler social el pago de 13 millones de euros correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) impagado de los últimos cuatro años.
La nueva Ley de Haciendas Locales, que entró en vigor en 2009, establecía que las viviendas protegidas debían comenzar a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) . Sin embargo, ninguno de los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid decidió aplicar el pago de este impuesto.
Pero ahora, el Tribunal de Cuentas ha recordado a la Comunidad de Madrid que tiene que aplicar las nuevas normativas de inmediato, lo que incluye el pago de las cuotas atrasadas del IBI que no hayan prescrito, es decir, desde 2009.
“Sería incoherente que tuvieran que pagar un impuesto que, en muchos casos, sería más alto que el propio alquiler que actualmente pagan, algo imposible de asumir para estas personas”, concretó la presidenta.
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