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La Comunidad de Madrid plantea que 20.000 VPO de alquiler paguen 13 millones de IBI atrasado

Autor: Redacción

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, antiguo IVIMA, estudia repercutir el pago de 13 millones de euros procedentes del IBI atraso de los últimos cuatro años sobre los beneficiarios de las VPO en alquiler. Los distintos gobiernos regionales desde 2009 no aplicaron este pago pese a la normativa vigente por lo que los actuales inquilinos de un alquiler social tendrían que pagar unos 650 euros de media.

El actual Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes sigue sumando ‘marrones’ en materia de vivienda procedentes de la gestión -o falta de ella, en este caso- de los anteriores ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A la derogación de la Ley Virus y el cobro de los atrasos relacionados con el ITP del alquiler se une ahora un nuevo pago retroactivo que afecta a los beneficiados del alquiler social.

Las modificaciones de la Ley de Haciendas Locales, que entraron en vigor en 2009, establecían que las viviendas protegidas debían comenzar a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los respectivos Ayuntamientos. Sin embargo, ninguno de los Ejecutivos del PP decidió aplicar y repercutir este impuesto sobre las familias con problemas económicos que viven en una de las 20.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler social que gestiona la Comunidad de Madrid.

El Tribunal de Cuentas ha recordado a la Comunidad de Madrid que tiene que aplicar las nuevas normativas de inmediato, entre las que se incluye comenzar a cobrar este impuesto, además del pago de las cuotas atrasadas que no hayan prescrito, es decir desde 2009.

El dilema para la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda es decidir si asume el pago de este IBI atrasado o lo repercute a los inquilinos de las viviendas sociales. La deuda pendiente por el impago del IBI desde 2012 es de 13 millones de euros para unas 20.000 viviendas en régimen de alquiler social. Esto supondría que cada inquilino debe asumir 650 euros.

La Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA, ha elevado una consulta a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para que aclare la situación. La Consejería espera que esto paralice por el momento la obligación del Tribunal de Cuentas del Estado de aplicar el cobro de IBI.