La Comunidad de Madrid suprimirá la posibilidad de alquilar una vivienda protegida para después ejercer el derecho de compra. Esta decisión viene motivada por el cambio de ciclo que ha provocado que en algunas zonas de Madrid el precio de la vivienda libre sea inferior al de la VPO, con lo que ya no resulta tan atractivo acogerse a esta modalidad. Además, también pretende prohibir la venta de una vivienda social a empresas privadas.
Según José María García Gómez, director General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, esta figura ha quedado obsoleta y va en contra del ciclo inmobiliario, ya que actualmente la vivienda libre es más barata que la VPO. De hecho, y tal y como señala El Confidencial, solo el 10-15% de los que optaron por el alquiler con opción a compra están ejerciendo dicho derecho. Este cambio entrará en vigor una vez se publique el Proyecto de Ley que llegará este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, "es más que razonable que las autoridades faciliten soluciones habitacionales a quien esté en un colectivo especialmente vulnerable, pero en alquiler. No le encuentro ningún sentido a que entre todos los españoles financiemos la compra de vivienda de unos pocos, que es en definitiva la VPO en venta: los compradores de este tipo de vivienda deben cumplir unos requisitos para poder comprar una vivienda con un precio muy rebajado pero que seguirá siendo suya cuando esos requisitos ya no se cumplan. A partir de ese momento, lo razonable es que esa vivienda pueda ser destinada a otra persona que sí cumpla los requisitos necesarios para acceder a una vivienda pública".
Por otro lado, la Comunidad de Madrid quiere frenar la venta de VPO de titularidad pública a empresas privadas. La idea del Gobierno de Cristina Cifuentes es que no se venda ni una sola vivienda de protección oficial, porque se quiere proteger el patrimonio público.
En cambio, aquellas viviendas protegidas levantadas por promotores privados, sí podrán venderse a empresas, pero con "reconocida dedicación a la gestión de vivienda protegida con fines sociales, con la obligación por parte del nuevo titular de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones, sin que dichas enajenaciones puedan ir en perjuicio de terceros".
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