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Así son los apartamentos de lujo que el Supremo obliga a derribar en Benidorm

Piscina de lujo con vistas en la azotea
Piscina de lujo con vistas en la azotea
Autor: Redacción

El Gobierno valenciano tendrá que hacerse cargo de los 100 millones de euros en gastos de demolición y las indemnizaciones a los propietarios de dos torres de apartamentos que incumplen la Ley de Costas en Benidorm, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Así son estos apartamentos de lujo, a la venta desde 400.000 euros.

El Tribunal Supremo ha confirmado ahora la ejecución de una sentencia de julio de 2012 del Tribunal Superior de Justicia valenciano en la que anulaba los permisos de edificación de dos torres de apartamentos situados en suelo protegido natural en la localidad de Benidorm (Alicante), como han informado varios medios valencianos. Los dos rascacielos, bautizado como urbanización ‘Gemelos 28’, cuenta con 21 plantas y con 168 apartamentos, incumplían la Ley de Costas en cuanto a la construcción de viviendas en primera línea, a menos de 20 metros de la costa.

El Alto Tribunal obliga a la Generalitat valenciana a hacerse cargo de los gastos de demolición y las indemnizaciones pertinentes a los propietarios de las viviendas, y que ronda los 100 millones de euros como responsable de dar la autorización a los permisos de edificación ahora ilegalizados.

Los precios de las viviendas llegaron a superar el medio millón de euros durante su construcción. Según la sentencia, los propietarios percibirán un 20% por encima del precio de adquisición como indemnización. El tribunal ha dado tres meses al Gobierno para consignar la cantidad.

Estos pisos van desde los 74 m2 en los pisos de un dormitorio, con terraza de 18 m2, a los apartamentos de 132 m2, con dos dormitorios, dos cuartos de baño y dos terrazas con vistas al mar; una de ellas de más de 40 m2.

En la sentencia, el tribunal afirma que cuando se dieron los permisos de construcción en 2005 ya se había aprobado el deslinde del dominio público marítimo terrestre, que afectaba a la llamada servidumbre de tránsito y protección, que en suelo urbano corresponde a 20 metros. La Ley de Costas prohíbe la construcción de viviendas en este tramo.

Contra el pronunciamiento del Supremo no cabe recurso ordinario, solo recurso de reposición. Al promotor le queda la vía de recurrir al Tribunal Europeo de Estrasburgo.