Ley de costas

El Congreso de los Diputados ha abierto el debate sobre una cuestión que afecta de lleno al litoral español: la modificación de la Ley de Costas. Con esta reforma, el Grupo Parlamentario Popular propone blindar algunas construcciones tradicionales que, con el paso del tiempo y el avance del mar, han quedado atrapadas dentro del dominio público marítimo-terrestre. La proposición de Ley parte de un fenómeno bien conocido en muchas zonas costeras: edificaciones levantadas legalmente hace décadas que hoy se encuentran en suelo público tras el retroceso natural del litoral. La ley actual contempla su demolición, pero el texto en trámite plantea una vía alternativa: reconocer su valor histórico o cultural y permitir que permanezcan en pie bajo ciertas condiciones.

La Dirección General de la Costa y el Mar, perteneciente al Miteco, ha iniciado el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), así como el propio inmueble promovido por Azata del Sol en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre. Según publica el BOE, la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial alcanza los 16.432 m2, la mitad de todo el terreno. La vía de expropiación se presenta para el Ejecutivo central como la alternativa más ágil para restituir el paraje frente al cumplimiento de las sentencias judiciales.

El Ministerio para la Transición Ecológica está inmerso en la nueva modificación del Reglamento General de Costas, una regulación que busca paliar el impacto del avance del mar, debido al calentamiento global. Esta normativa está de nuevo en revisión después de que el Tribunal Supremo tumbara parte del texto el pasado enero por un defecto durante su tramitación. Entre sus principales medidas está que el Estado podrá expropiar apartamentos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa, a cambio de ceder a los propietarios (personas o empresas) su uso durante 30 años y, en determinados casos, más otros 30 años prorrogables.

El Gobierno valenciano tendrá que hacerse cargo de los 100 millones de euros en gastos de demolición y las indemnizaciones a los propietarios de dos torres de apartamentos que incumplen la Ley de Costas en Benidorm, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Así son estos apartamentos de lujo, a la venta desde 400.000 euros.

El Tribunal Supremo ha levantado el veto de la Junta de Andalucía para edificar en la costa. Ahora permite levantar viviendas a 100 metros de la línea de mar, con lo que ha dejado sin efecto el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Gobierno andaluz que contemplaba la edificación a 500 metros del mar.

El psoe presentará esta semana recurso de inconstitucionalidad contra la ley de costas aprobada en mayo.

Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco tienen intención de recurrir la ley de costas ante el tribunal constitucional.

La nueva ley de costas aprobada ayer en el congreso de los diputados con la mayoría de los votos del pp protegerá a más de 154.000 inmuebles que se encuentran en el litoral.

El consejo de ministros tiene previsto analizar hoy el anteproyecto elaborado por el ministerio de medio ambiente en el que se recoge, entre otras cuestiones, una reforma de la ley de costas.

Elena espinosa, ministra de medio ambiente, medio rural y Marino, ha salido en defensa de la política española sobre la ley de costas.

El urbanismo español es tema de controversia también fuera de nuestras fronteras. La crítica europea llega por dos vías: los grupos ecologistas, con la eurodiputada madrette auken al frente, denuncian el “urbanismo salvaje” del litoral.

La plataforma nacional de afectados por la ley de costas (pnalc) denuncia que miles de familias perderán la propiedad de sus casas aunque fueran legales antes de la ley de costas de 1988.