La administración pública tira de las carteras de los bancos para nutrir su parque de vivienda pública. El último ha sido el Gobierno de Canarias, que ha formalizado la compra al Banco Santander de las 358 Viviendas de Protección Oficial del barrio de Añaza, que estaban afectadas por órdenes de desahucio y en negociaciones para ser vendidas a un fondo internacional, por 24,8 millones.
A partir de ahora, las viviendas son de titularidad de Visocan, la empresa pública de viviendas del Ejecutivo regional, y se iniciará un proceso 'caso por caso' para definir a los inquilinos, para lo cual se abrirá una oficina en el barrio con el fin de facilitar la tramitación.
Tras la firma de la compraventa, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la "valentía" de los afectados por "protestar" cuando empezaron las primeras órdenes de desahucio y por "escuchar" a los dirigentes políticos.
El alcalde ha apuntado también que esta compraventa "es un ejemplo" para toda España porque viviendas que eran privadas, ahora son públicas. "Era un tema de justicia y ahora tienen a otro casero, Visocan", ha comentado a los vecinos.
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