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Los promotores piden “seguridad jurídica y legislativa” al nuevo Gobierno

La APCE celebra la constitución del nuevo Gobierno

Evento APCE
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Autor: Redacción

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) celebra la constitución del nuevo Gobierno. La agrupación ha solicitado que comience una legislatura constructiva en la que se adopten los proyectos legislativos en materia de vivienda que necesita España para mejorar la seguridad jurídica del sector y que acaben con el vaivén legislativo.

“La Asociación valora positivamente la voluntad política del Ejecutivo para acordar medidas (expuestas por Pedro Sánchez en su discurso de investidura) encaminadas a movilizar suelo público, incentivar la vivienda social y aumentar los recursos destinados al sector, pero considera fundamental incentivar la colaboración público-privada para alcanzar de manera conjunta el principal objetivo compartido: mejorar el acceso asequible a la vivienda, en especial, para los jóvenes”, aseguran.

Según la APCEspaña, el acceso a una vivienda asequible debe ser una de las prioridades del Gobierno, explorando soluciones que vayan a la raíz del problema y evitando medidas que no han resultado ser beneficiosas en países de la Unión Europea. 

En este sentido, fijar un techo a los precios de los alquileres ha demostrado tener efectos contrarios a los deseados en ciudades como París o Berlín. En un mercado como el español, en el que más del 95 % de las viviendas en alquiler están bajo la gestión de particulares, medidas de estas características desincentivan la puesta en el mercado de nuevos inmuebles, lo que reduce la oferta disponible y condiciona nuevamente los precios al alza. 

APCEspaña considera que ninguna solución pasa por una sobrerregulación sino por desarrollar políticas que contribuyan a aumentar la oferta de primera vivienda, ya sea en alquiler o en compra; y, como consecuencia, a moderar los precios.

En esta nueva etapa política, APCEspaña también considera imprescindible una mayor cooperación institucional para generar un marco normativo que dote de mayor seguridad jurídica y menor maraña normativa al sector, que ponga fin a la excesiva acumulación de normas urbanísticas y judicialización del urbanismo, lo que redundará en un beneficio al ciudadano.

“La vivienda no debe ser nunca más un elemento de confrontación en la actual polarización política, por lo que es necesario desarrollar un enfoque transversal de sector, sin prejuicios ideológicos, que persiga el bien común y dé una respuesta al desafío habitacional y a las demandas de los ciudadanos”, sostienen.

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