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Madrid endurece a 30 años la venta o alquiler de la VPO en propiedad a precio libre

Se centra en opciones en régimen de alquiler social o asequible

Autor: Redacción

La Comunidad de Madrid va a modificar el actual Reglamento de Vivienda con Protección Pública para que entre en vigor durante el primer semestre de 2020. La nueva normativa trata de adaptarse a las nuevas necesidades de la vivienda, y actualizarlo 10 años después.

Entre las principales medidas que se pretenden aplicar están la de potenciar el mercado del alquiler a precios asequibles y de alquiler social. Por un lado, va a potenciar nuevas figuras de arrendamiento como las residencias temporales de estudiantes y el llamado alquiler de rotación.

Con el primero, pretende atraer a estudiantes de otras regiones para que vengas a las universidades madrileñas. Para ello va a ampliar la oferta de este tipo de inmuebles alternativos para que se puedan levantar en suelos protegidos y no solo dotacionales.

Con el segundo, pretende que la comunidad oferte viviendas en ‘coliving’, para facilitar el acceso a pisos de alquiler a precios asequibles con menores requisitos de acceso. Esta oferta, aunque sea de pisos pequeños (a partir de 30 m2), tendrá zonas comunes compartidas con comedor, lavandería o gimnasio.

Otras medidas van a modificar la regulación actual en cuanto a la futura VPO en propiedad y en alquiler, pero no va a tener efectos retroactivos sobre las viviendas protegidas ya construidas.

Por un lado, se amplía de 15 a 30 años el plazo de protección de las viviendas antes de que pasen al mercado libre. Es decir, que los propietarios no podrán vender o alquilar su piso de protección oficial al precio que deseen durante el doble de tiempo que ahora. Si pueden vender al alquilar, pero tendría que ser con los costes fijados por la Comunidad de Madrid.

Además, se suprime la figura del alquiler con opción a compra, que llevaba en vigor desde 2017. Esto no quiere decir que las personas que hayan firmado un contrato con estas condiciones vayan a perder la opción de comprar después de 7 o 10 años de alquiler. La medida no tiene efectos retroactivos.

Finalmente, se recupera la limitación del precio de venta del suelo público, una medida que fue eliminada hace 15 años. La nueva normativa establecerá que los promotores no podrán cobrar al margen del precio tasado por la administración otros conceptos como mejorar las zonas comunes.

Y también se simplifica el proceso burocrático bajo el criterio del principio de proporcionalidad, con la fórmula de la declaración responsable de comprobación posterior.