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Las constructoras, promotoras e inmobiliarias son las principales empresas morosas con Hacienda, con una deuda conjunta de casi 6.000 millones de euros, según el listado publicado por la Agencia Tributaria. Reyal Urbis (378 millones) o Grupo Nozar (203,1 millones) son las compañías con mayor deuda con el Estado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? El impago del IVA y otros impuestos son la principal causa del pasivo de las empresas, la mayoría de eellas en concurso de acreedores.

El ladrillo español no ha parado de recibir noticias positivas  durante 2015, con cifras de crecimiento tanto en compraventas como en precios, corrigiendo y normalizando la situación después de años en crisis. La tendencia parece que seguirá positiva de cara a 2016 con previsiones de una reducción del stock y el aumento de la construcción de nuevas viviendas.

Pero el listado de morosos que publicó Hacienda hace una semana ha dado un baño de realidad al sector. La lista, que solo incluye a aquellos que debían al fisco a cierre de julio más de un millón de euros, reveló que las empresas vinculadas con la actividad inmobiliaria suman una deuda de unos 6.000 millones de euros, lo que supone cerca del 38% del total de mora con la Agencia Tributaria (15.600 millones de euros).

¿A qué se debe tanta deuda generada? Los expertos apuntan directamente a la Agencia Tributaria que en los peores momentos de la crisis del sector permitió que las empresas retrasaran el pago de impuestos durante un tiempo determinado para afrontar otros como el pago a sus proveedores y trabajadores.

Cuando en 2007-2008 comenzó la crisis, las empresas vinculadas a la construcción, uno de los principales sectores del país, comenzaron a pedir crédito a los bancos con sus activos como garantía del préstamo para pagar sus deudas con los empleados o proveedores.

Pero la crisis se fue alargando en el tiempo y las empresas comenzaron a acumular pasivo con los deudores, entre ellos Hacienda por el pago del IVA y otros impuestos. "Los promotores aparecen ahora como morosos por el IVA las daciones en pago que se difirió con Hacienda dando garantías de suelos”, aclara Mikel Echavarren, CEO de Irea. “Hacienda les ofreció un plan de viabilidad para que fueran pagando estos gravámenes pero la deuda en vez de reducirse, creció porque el proceso no se hizo ni se está haciendo bien”, concreta el CEO de Irea.

Por su parte, José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, aclara que estas empresas no cumplieron con los aplazamientos que negoció con la Agencia Tributaria. “En cuanto falla en un pago aplazado, la empresa ya tiene que pagar toda la deuda pendiente de una vez. Pero Hacienda y el resto de deudores se encuentran ahora con que la mayoría de estas empresas está en concurso de acreedores. Cualquier procedimiento de pago queda supeditado al calendario y las reglas concursales y esto va acumulando aún más deuda”, concreta Mollinedo.

Teniendo en cuenta que casi todas las empresas morosas están en un proceso concursal, la posibilidad de recuperar el dinero es reducida. “La tasa de cobro baja drásticamente en cuanto una empresa entra en proceso concursal. El Estado perderá dinero con casi toda seguridad y eso nos afecta a todos. No se puede dejar engordar una deuda que está en riesgo claro de impago”, comenta el secretario general de Gestha.

Los administradores concursales pueden concluir el proceso con una quita de la deuda de la empresa, en la que Hacienda también puede verse afectada. “Tambien hay algo que no se está teniendo en cuenta. Con las garantías de suelo que las empresas dieron a Hacienda para poder retrasar el pago de tributos, el Estado puede convertirse un uno de los principales propietarios de suelo en los próximos años”, destaca Mikel Echavarren.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha detectado fallos en los órganos de Hacienda sobre los procedimientos realizados durante los aplazamientos negociados con la Agencia Tributaria. En la última década la deuda de las empresas se ha más que duplicado. Gestha recuerda que hay 150 jefes de recaudación que se dedican a organizar los planes de viabilidad con las empresas morosas, además de unos 1.500 técnicos que velan por su cumplimento. “Se necesita una auditoria para conocer cuál es la situación real y depurar responsabilidades para que estos casos de grandes deudas con Hacienda no se repitan, o al menos no lleguen a estas cantidades”, concluye José María Mollinedo.

 

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