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Un juez de Sevilla ha abierto la puerta a que los hipotecados afectados por la manipulación del euríbor entre 2004 y 2012 puedan denunciar el dinero cobrado de más. La Comisión Europea (CE) multó a algunos bancos con 1.712 millones de euros, pero cerró la puerta a que particulares o empresas pudieran reclamar para evitar la avalancha de demandas.  

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla ha abierto la “caja de pandora” sobre la manipulación del euríbor que llevaron a cabo al menos ocho grandes bancos entre 2004 y 2012. La sentencia reconoce que la manipulación del índice, que es el indicador de referencia para el 80% de las hipotecas en España, influye en las cuotas de cualquier préstamo con el euríbor como referencia. 

De hecho, señala que la modificación del euríbor ha afectado a millones de hipotecados en nuestro país y en Europa. Y añade que la Unión Europea, con el objetivo de evitar una avalancha de demandas por parte de los consumidores a los bancos, ha asegurado que “las malas prácticas no afectan a los particulares”. 

El juez señala que “una subida de tasas del euríbor ha podido ocasionar la suspensión de pagos de muchas familias y empresas, que se han visto abocadas a dejar de pagar la cuota hipotecaria. Insiste en que los reguladores han mirado para otro lado para evitar que millones de particulares acudan a los juzgados para reclamar lo cobrado de más.

Tanto es así que Joaquín Almunia, por aquel entonces Vicepresidente de la CE, señaló en 2013 que “el dictamen contra los bancos que participaron en la manipulación del Euribor no abre la vía para que los particulares reclamen daños y perjuicios, dado que no les afectó directamente”.

La UE ya impuso sanciones a los responsables de estas malas prácticas con una multa de 1.712 millones de euros repartida entre los implicados. Los bancos penalizados fueron Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, JP Morgan, Citigroup y RP Martin. Por el contrario, Barclays y UBS no han sido sancionados por parte de la Unión Europea por delatar al resto. Estas sanciones fueron impuestas el 4 de diciembre de 2013, un año y medio después de que se destapara el escándalo. 

En la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla el banco denunciado por un particular (e impulsado por el colectivo OpEuribor) es Barclays Bank (hoy CaixaBank). La jueza dictamina que debe ser el demandante el que fije la cantidad que la entidad debe devolverle según la vida de su préstamo “y cuál fue el euríbor que se le debió aplicar”.   

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