El Gobierno andaluz del PP, Ciudadanos y Vox aprobará en breve “el silencio administrativo positivo” en materia urbanística con los ayuntamientos, lo que supondrá una revolución, según el propio presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. Esto significa que si se presenta un proyecto y la administración no contesta en un plazo de 15 días, se entiende que la respuesta es positiva.
Hasta la fecha ocurre todo lo contrario: si se presenta un proyecto y la administración no contesta en plazo, se entiende que la respuesta es negativa para los ayuntamientos.
Además, otra medida del nuevo Gobierno es “simplificar la norma urbanística”. El bipartito del PP y Cs encontró, como legado del anterior Gobierno socialista, “400 planes generales en los cajones que estaban sin aprobar”, dijo Marifrán Carazo, consejera de Fomento.
Sobre las viviendas alegales que hay en Andalucía, el presidente de la Junta anunció que en un periodo de “mes o mes y medio” su Gobierno va a impulsar una serie de modificaciones de carácter legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para pasar “de la alegalidad a la normalidad” en un asunto que afecta a más de 300.000 familias en Andalucía y con el objetivo de que en la presente legislatura se resuelvan al menos “el 90%” de los casos.
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