El reto al que se enfrenta España con las pensiones de los futuros jubilados

España ha experimentado en los últimos años un crecimiento económico notable dentro de Europa y una importante creación de empleo. Sin embargo, el problema estructural de las pensiones sigue siendo el talón de Aquiles de su economía y amenaza con sobrecargar las finanzas públicas en las próximas décadas.

Según datos de Eurostat, España es el país europeo que más compromisos ha asumido con sus futuros pensionistas, acumulando una 'deuda implícita' que ya alcanzaría el 500% de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra significa que, por cada euro que produce la economía, hay cinco euros prometidos en prestaciones futuras de jubilación. A diferencia de la deuda pública reconocida, esta deuda con los pensionistas no aparece en los mercados financieros ni puede reclamarse, pero su impacto sobre el Estado es igualmente real y potencialmente más difícil de recortar, ya que afecta directamente a millones de ciudadanos.

El sistema de pensiones español es un modelo de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados actuales. Sin embargo, el envejecimiento demográfico hace cada vez más difícil sostener esta fórmula. Desde 2023, han comenzado a jubilarse los primeros miembros de la generación del ‘baby boom’, un fenómeno que se intensificará durante los próximos 16 años. Se estima que, entre 2023 y 2050, la población mayor de 65 años en España crecerá en más de seis millones de personas, mientras que la población en edad de trabajar descenderá en más de 800.000 trabajadores.

Además, España ostenta una de las tasas de sustitución más altas de la OCDE, con pensiones públicas que representan, en promedio, el 80% del último salario, muy por encima de la media europea del 54,8%.

Las previsiones señalan que el déficit en las pensiones, que ya supera los 30.000 millones de euros anuales, seguirá aumentando conforme avance la jubilación masiva del ‘baby boom’. Las soluciones, como reducir la cuantía de las pensiones, retrasar la edad de jubilación o endurecer los requisitos, chocan con la realidad política y social, donde el peso de los pensionistas es cada vez mayor. Así, el gran reto de España es encontrar una vía sostenible que garantice el cobro de las pensiones sin comprometer el futuro financiero del país.