El Constitucional ya ha descartado dos de los tres recursos contra la sentencia del Supremo que abocaba a la demolición del complejo
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Valdecañas
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Europa Press

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres.

Este rechazo llega semanas después de que el Constitucional desestimara, también por unanimidad, el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la orden del TS de demolición.

Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva "en su vertiente de derecho a una motivación reforzada", resaltando que "el pronunciamiento de nulidad y reposición de los terrenos a la situación anterior, en el que se hace descansar la afectación a la libertad de residencia y a la propiedad, no deriva directamente de la sentencia objeto del recurso de amparo, sino de las previas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya ordenaron la demolición de todo el complejo".

Al mismo tiempo, inciden en que son derechos "delimitados por la legalidad urbanística", ya que "la libre elección de domicilio, que forma parte del contenido de la libertad de residencia, en modo alguno exime del cumplimiento de las previsiones legales sobre el uso concreto del suelo en el que se ubica el complejo".

 "Y lo mismo sucede en relación con la propiedad inmobiliaria, cuyo concreto contenido es fijado por la ley y por el planeamiento territorial y urbanístico", sostienen la nota del Constitucional.

 Igualmente, el TC tampoco considera que la decisión del Supremo vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva "en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes", puesto que "lo que se resuelve son las cuestiones vinculadas a la manera de proceder a la reposición de los terrenos a su estado anterior, sin que lo decidido modifique o altere el fallo de las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declararon la nulidad del proyecto y ordenan dicha reposición".

El Constitucional ha indicado que se encuentra pendiente de resolución un tercer recurso de amparo, en su caso planteado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

En los tribunales desde 2011

La situación de la Isla de Valdecañas lleva en los tribunales desde 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a esta urbanización y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

Un complejo de lujo en el embalse de Valdecañas

Esta isla artificial se encuentra en el embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres). Tiene una extensión de 130 hectáreas, donde se han levantado 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico con 76 atraques y un campo de golf, entre otros.

Desde sus inicios, allá por 2006 y 2007, la construcción de esta urbanización de lujo a menos de dos horas en coche de Madrid se topó con la oposición de los ecologistas, y desde entonces llevan años de pleitos.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya declaró nulo el desarrollo en 2011, pero la Junta de Extremadura intentó respaldar este complejo de lujo cambiando la Ley de Suelo que afectaba a la zona. Ante esto, el TSJ de Extremadura elevó el caso al Tribunal Constitucional. Y en 2019, el TC declaró inconstitucional el cambio legislativo, lo que abría la puerta a su demolición.

De hecho, en 2015, el tribunal extremeño solicitó un informe pericial de valoración al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el impacto medioambiental que supondría la demolición de la Marina, si era más perjudicial que mantenerla en pie. Los expertos afirmaron que mantener en pie el complejo era 10 veces más dañino que su demolición

Pero en 2020, el propio tribunal decidió que todas las edificaciones se podían mantener por el alto coste económico que supondría su demolición y las indemnizaciones, que podría ascender a unos 145 millones de euros.

El resort se comercializó entre la ‘jet set’ española y por donde han aparecido nombres como Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito Don Juan Carlos; Jaime López-Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer; José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno, o el cantante Carlos Baute.

Muchos de ellos invirtieron más de 500.000 euros de media para comprar uno de estos chalets. Por lo general, cuentan con 270 m2 de vivienda, en una parcela de 800 m2, tiene cinco dormitorios, cuatro baños y garaje incluido.

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