Residencias de estudiantes: una inversión con propósito

Artículo escrito por Jaime Caruncho, director de expansión de Resa

En un escenario económico y social cada vez más complejo, caracterizado por la inflación, la presión sobre el mercado inmobiliario y los retos globales de sostenibilidad, es comprensible que los inversores busquen no solo activos rentables y estables, sino también inversiones con propósito. En este contexto, el sector de residencias universitarias en España se presenta como una oportunidad única: un segmento resiliente, en crecimiento estructural, con impacto positivo directo en la sociedad y un recorrido aún por explorar.

España cuenta con más de 1,6 millones de estudiantes universitarios, de los cuales cerca de medio millón se desplazan de su lugar de origen para estudiar. Sin embargo, la oferta de alojamiento específico para estudiantes es escasa y fragmentada. Se estima que existen unas 110.000 camas en residencias públicas y privadas, lo que supone apenas un 6,7 % de cobertura, frente a una media europea del 18 %. Este desequilibrio entre oferta y demanda genera presión sobre el mercado del alquiler convencional, especialmente en las grandes ciudades universitarias, y sitúa a los estudiantes, sobre todo a los de menor poder adquisitivo, en una posición de vulnerabilidad creciente.

Invertir en residencias de estudiantes debe ser no solo una respuesta a esta brecha, sino una apuesta estratégica con retornos tangibles más allá de lo económico, centrada también en el impacto social. A diferencia de otros segmentos inmobiliarios, el alojamiento universitario ofrece una demanda estructural y estable, vinculada al sistema educativo y menos expuesta a los ciclos económicos.

Pero más allá de las cifras, hay una dimensión de propósito que resulta fundamental. Las residencias universitarias modernas no son únicamente lugares donde los estudiantes viven durante el curso académico: son espacios de acompañamiento y desarrollo personal, donde construyen autonomía, relaciones y parte de su futuro profesional. Un entorno residencial adecuado puede marcar la diferencia entre un estudiante que se siente respaldado y rinde académicamente, y otro que enfrenta barreras económicas, emocionales o logísticas que dificultan su desarrollo.

Es importante impulsar un modelo que combine gestión profesionalizada, colaboración público-privada e impacto positivo en el entorno. El primer principio: situar al estudiante en el centro. Las residencias deben concebirse como comunidades vivas, con servicios adaptados a sus necesidades reales: conectividad, zonas de estudio, espacios de ocio e iniciativas de bienestar emocional. El segundo: integración urbana, apostando por proyectos que regeneren barrios y contribuyan a ciudades más inclusivas. Y el tercero: sostenibilidad, desde la eficiencia energética hasta la reducción de residuos, bajo criterios ESG y con la convicción de que no puede haber rentabilidad sin responsabilidad.

El perfil del inversor también está cambiando. Cada vez más fondos y gestores buscan operaciones alineadas con compromisos de sostenibilidad y contribución social. En este sentido, el sector de residencias estudiantiles encaja perfectamente con esa filosofía: ofrece rentabilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, impacta directamente en la vida de miles de jóvenes y en la accesibilidad a la educación.

El crecimiento del sector en España está aún lejos de alcanzar su techo. Se necesitan miles de nuevas camas en los próximos años para responder a una demanda creciente y diversa. Cubrir esa necesidad exige coordinación entre instituciones, operadores e inversores, y una visión compartida: entender que el alojamiento universitario no es un lujo, sino una pieza esencial del ecosistema educativo.

Es hora de hacer un llamamiento a la colaboración público-privada: un marco estable que combine cesión de suelo, agilización de licencias y seguridad jurídica. Trabajando juntos —administraciones, universidades y operadores— se puede desplegar una oferta de calidad, con rentas asequibles y servicios que fomenten la igualdad de oportunidades. Es el momento de activar modelos de concesión que garanticen impacto social medible y rentabilidad responsable a largo plazo.