Alquilar el inmueble donde se reside habitualmente, aunque sea de forma puntual, puede tener consecuencias fiscales que muchos propietarios pasan por alto hasta que es demasiado tarde. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de pronunciarse sobre esta cuestión en una consulta vinculante, aclarando cuándo se mantiene (y cuándo se pierde) la exención aplicable a los mayores de 65 años al vender o donar su vivienda habitual. Tributos aclara que basta un alquiler vacacional puntual para que la vivienda deje de tener la consideración de residencia habitual.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.

Muchos propietarios creen que una vivienda construida en suelo rústico hace más de una década ya no puede ser demolida. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha respaldado la actuación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que ordenó la reposición de la legalidad urbanística tras declarar ilegalizables las obras ejecutadas en una finca, donde se había instalado una casa prefabricada de 87 m2. El fallo insiste en que este tipo de construcciones, cuando se instalan de forma permanente sobre una parcela y se destinan a uso residencial, deben cumplir los mismos requisitos que cualquier otra vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado una reclamación de más de 7.000 euros por un supuesto cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital tras detectar errores en la valoración del patrimonio de la beneficiaria. La sentencia resulta especialmente relevante porque aborda uno de los conflictos más habituales en torno a esta ayuda: las revisiones que realiza la Seguridad Social utilizando datos que no siempre reflejan la realidad económica de los perceptores. En el caso resuelto, la SS retiró el IMV al considerar que el patrimonio superaba el límite legal.

Comprar una vivienda a un hijo puede parecer una ayuda familiar más. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir la herencia, esa decisión puede convertirse en un conflicto entre hermanos. ¿Debe tenerse en cuenta al hacer la partición? Y, sobre todo, ¿qué fue realmente lo donado: el dinero para adquirir el bien o el propio inmueble? El Tribunal Supremo ha respondido a estas preguntas en una sentencia que fija un criterio con consecuencias para muchas familias. En este caso, la donación recayó sobre el dinero empleado para adquirir la propiedad y no sobre los propios inmuebles, ya que nunca llegaron a formar parte del patrimonio de los padres.

Una herencia puede complicarse cuando uno de los llamados a suceder fallece sin haberla aceptado ni repudiado. Ese escenario, frecuente cuando se encadenan varias defunciones en una misma familia, es el que ha llevado al Tribunal Supremo a revisar uno de los criterios más debatidos del derecho de sucesiones en los últimos años. La Sala Primera ha dado un giro en su sentencia abandonando la doctrina fijada en 2013 sobre la llamada teoría de la adquisición directa y volviendo a la interpretación tradicional, conocida como teoría de la doble transmisión.

La Audiencia Provincial de Girona ha abordado un problema cada vez más frecuente: la instalación de casas prefabricadas en fincas arrendadas sin autorización del propietario. El caso arranca con un arrendamiento que incluía una pequeña vivienda de 35 m2 y una parcela de unos 700 m2, en la que el inquilino instaló una casa prefabricada sin permiso del arrendador, que decidió acudir a los tribunales. La sentencia determina que no toda obra sin consentimiento legitima al arrendador para resolver el contrato. Todo dependerá de si la actuación constituye una alteración sustancial de la configuración del inmueble o de los elementos arrendados y de si, además, presenta una verdadera vocación de permanencia.

¿Hasta qué punto puede un propietario poner fin al alquiler por el comportamiento de su inquilino? La respuesta no depende de una simple discusión con los vecinos ni de un incidente puntual. Cuando las conductas son reiteradas o ponen en riesgo la seguridad del edificio, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) abre la puerta a resolver el contrato. Ese es precisamente el criterio que ha aplicado la Audiencia Provincial de Barcelona al confirmar el desahucio de un arrendatario que generó graves problemas de convivencia: lanzamiento de muebles desde la casa, un incendio en la cocina y episodios de gritos, golpes y ruidos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha abordado una cuestión cada vez más frecuente en las comunidades de propietarios: las consecuencias jurídicas de transformar un local en vivienda. Concluye que, si la comunidad conoce y acepta el cambio de uso, no puede seguir tratando esos inmuebles como locales para excluirlos del acceso a elementos comunes como la piscina o los jardines. Con este fallo la Audiencia reconoce el derecho de acceso a la piscina y demás zonas comunes.

Firmar un contrato de temporada no siempre significa que vaya a ser considerado como tal. Si el inmueble se utiliza para cubrir una necesidad permanente, los tribunales pueden aplicar las protecciones previstas para los alquileres de vivienda. La Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado un desahucio promovido por la sociedad propietaria de un piso al concluir que en realidad estaba ocultando un alquiler sujeto a las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El fallo se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y recuerda que la duración, por sí sola, no determina la existencia de un verdadero alquiler de temporada, sino que la clave es su finalidad real.