El Gobierno liderado por Susana Díaz ha modificado por decreto el Reglamento de la VPO en la comunidad andaluza que está en vigor desde 2006. El cambio busca blindar las viviendas de titularidad pública ante el capital privado, lo que impedirá que fondos de inversión puedan comprar vivienda protegida como sucedió en Madrid hace cinco años.
El 93% de las 111.887 personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas de Andalucía dispone de unos ingresos netos anuales inferiores a 18.600 euros, unos recursos muy limitados que no les permite comprar una vivienda protegida.
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