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Andalucía aprueba un decreto para impedir la venta de casas protegidas a empresas y fondos

Susana Díaz, presidenta de Andalucía / Gtres
Susana Díaz, presidenta de Andalucía / Gtres
Autor: Redacción

El Gobierno liderado por Susana Díaz ha modificado por decreto el Reglamento de la VPO en Andalucía que está en vigor desde 2006.

La norma ha sido bautizada como 'Decreto de Defensa de la Vivienda del Parque Público Resodencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía' y su objetivo es blindar las viviendas protegidas ante el capital privado. Dicho de otro modo: el decreto quiere impedir que los grandes fondos de inversión se conviertan en propietarios de las vivivendas públicas y ello pueda perjudicar a las familias con menos recursos.

Este movimiento busca limitar las operaciones inmobiliarias del gran capital privado en la VPO, como ya sucedió en Madrid hace cinco años. Con Ana Botella como alcaldesa la capital e Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid, los gigantes Blackstone y Goldman Sachs-Azora se hicieron con 5.000 viviendas de titularidad pública. Unas transacciones que actualmente se encuentran en manos de la justicia. 

El decreto no solo determina la prohibición de la venta de cualquier tipo de vivienda propiedad de la Administración a personas jurídicas, sino que también incluye medidas para reforzar el carácter social del parque de inmuebles protegidos. Establece que las viviendas solo pueden ser adjudicadas a personas físicas o entidades sin ánimo de lucro y que deben ser la residencia habitual del adjudicatario. Por último, permite que las Administraciones ejerzan su derecho de tanteo y retracto a cualquier casa de titularidad pública.

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