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Un 44% de los inquilinos de Blackstone paga ahora menos alquiler que cuando las viviendas de la EMVS dependían del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madriddeja de subvencionar a los inquilinos de Blackstone
Autor: @RobertoArnaz

En varios medios se han publicado denuncias contra Blackstone aduciendo unas supuestas actualizaciones de los precios de la renta que pagan sus inquilinos, que cifran en un 43%. La realidad dista bastante de lo que desde el Ayuntamiento de Madrid se está filtrando: 614 contratos, un 44% de los 1.400 alquileres que subrogó Blackstone cuando compró las viviendas a la EMVS, pagan ahora menos renta que cuando eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid debido al IPC negativo. A otros 164 contratos ya se les ha acabado o perderán la subvención en 2016 y el resto ha tenido unos incrementos que no superan el 5%.

Entonces, ¿de dónde salen esas presuntas subidas? La respuesta la tiene el propio consistorio, precisamente el ente que ha denunciado públicamente estas ‘irregularidades’. El problema –y de ahí viene el incremento de la renta– es que, al terminar el contrato de alquiler protegido y pasar las viviendas al régimen de alquiler libre, el Ayuntamiento ha dejado de abonar las subvenciones que daba a algunos inquilinos y que podían cubrir hasta un 40% del coste mensual del arrendamiento.

De momento, ya 30 inquilinos de estos inmuebles han perdido la subvención, cifra que se incrementará en 134 residentes más antes de que termine 2016.

“El subsidio no se ha terminado porque haya cambiado el casero”, explican desde Fidere, la filial española de Blackstone que gestiona los inmuebles. “Las subvenciones son públicas y se gestionan con independencia de quién sea el propietario de las viviendas”, apuntan. Además, confirman que “aunque el Ayuntamiento hubiese querido, que no sería fácil dada su precaria situación económica, no podría haber mantenido las subvenciones porque legalmente, una vez cumplido el periodo de alquiler protegido, la vivienda pasa al mercado libre”.

Cuando Blackstone se hace cargo de los pisos de protección pública se subrogaron 1.400 contratos de alquiler, todos los que en ese momento estaban firmados. Estos acuerdos tienen distintas duraciones (entre 7 y 10 años), y durante su vigencia a ninguno se le ha modificado al alza. Es más, según explican los gestores, hoy hay 614 inquilinos que han tenido actualizaciones a la baja al aplicarles el IPC negativo y pagan menos que en 2013.

Ante las presuntas quejas sobre incrementos desorbitados, los responsables de Fidere se reunieron en julio de 2015 con Marta Higueras, Primera Teniente de Alcalde y titular de la Concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, y otros representantes del gobierno local madrileño para evaluar la situación de los inquilinos.

Desde la filial de Blackstone se instó a que las autoridades locales les hiciesen llegar los presuntos casos de subidas irregulares. La realidad es que, casi un año después, desde el ayuntamiento de Madrid no se ha denunciado ni un solo contrato que haya registrado los supuestos aumentos del 43% en el alquiler atribuibles al propietario de los inmuebles.

El caso Carabanchel 3

La realidad es que la mayoría de los vecinos de los 18 edificios gestionados por el fondo estadounidense firman un nuevo contrato de alquiler cuando la vivienda pasa al mercado libre con una subida consensuada de entre el 4% y 5% de media sobre la renta protegida heredada de la EMVS. “Son inquilinos que hace 10 años accedieron a una vivienda por su situación personal pero que en una década han visto variar poco o incluso a la baja su alquiler y ahora firman un nuevo contrato con la primera subida en una década, que no pasa del 5%”, comenta un experto del mercado consultado por idealista news.

Un claro ejemplo son los inquilinos del edificio Carabanchel 3. Hasta 34 de los 40 vecinos renovaron el contrato con el incremento pactado cuando terminó el contrato de alquiler protegido de 10 años. De los otros seis vecinos, cinco no firmaron de nuevo y abandonaron el bloque porque se compraron su propia vivienda. En total 99 inquilinos han visto como expiraba su periodo de renta protegida y, de estos, 70 han renovado su vinculación con un nuevo contrato.

Sólo una de las inquilinas se negó a renovar y tampoco se fue. “Se quedó viviendo ‘en precario’ –una figura jurídica que define el uso y disfrute de una vivienda sin pagar la renta– y, aun pudiendo haberla desahuciado, la respetamos hasta que consiguió otra vivienda pública”, aseguran desde Fidere.

11 desahucios en tres años

Pese a la idea común de que Blackstone se ha especializado en “echar” a la gente de sus casas, el fondo ha efectuado únicamente 11 desahucios (el 0,60% de la cartera de 1.860 pisos) en tres años. Todos ellos eran inquilinos conflictivos, que realizaban actividades ilícitas en las viviendas o no pagaban de manera estratégica.

“Es evidente que los desalojos no forman parte de nuestra política de empresa”, aseguran los gestores que confirman que “no se ha desahuciado a ninguna familia con problemas económicos que tuviera imposibilidad de afrontar la renta”. Fidere ayuda a más del 80% de los inquilinos con problemas en el pago de los alquileres a través de planes flexibles y tienen en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad social.

Cuando Blackstone compró las 1.860 viviendas de la EMVS en 2013 descubrió que un 15% de los inquilinos no pagaba la renta y que la ocupación era del 72%. Es decir, muchas viviendas permanecían vacías a pesar de la necesidad de cientos de madrileños y de los que habían conseguido una vivienda de la EMV, algunos no pagaban. “Algunos lo hacían de manera estratégica para tener una casa gratis y otros muchos no lo hacían porque nadie del Ayuntamiento se lo exigía”, aseguran. Actualmente el nivel de mora apenas llega al 1,5%. Es decir, hay 1.690 familias pagando su alquiler mensual.

A día de hoy los bloques cuentan con un nivel de ocupación superior al 90%. La culpa de ese gran número de pisos vacíos la tenía un proceso de adjudicación pública enrevesado que se dilataba más de un año desde que se hacía la solicitud de la vivienda y que, además, no permitía a los inquilinos elegir el barrio donde querían vivir. Actualmente en menos de una semana el inquilino está en su nueva casa situada en el barrio que haya decidido, siempre sujeto a la disponibilidad de pisos.

Vivienda de alquiler protegido, no vivienda social

Los pisos de Fidere tienen un tamaño medio de 70 m2 construidos –55 m2 útiles– repartidos en dos habitaciones y un baño. Además, cuentan con trastero y plaza de garaje. La renta media son 470 euros, incluidos los gastos de comunidad. Estos inmuebles no son viviendas sociales sino de alquiler protegido. Una diferencia relevante por lo que supone la gestión y la aplicación de la normativa.

Su nombre técnico es Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA). Originalmente esta tipología de inmuebles se ideó para que los jóvenes tuviesen opción a un piso de alquiler regulado de forma pública, con o sin opción de compra. Era una fórmula para proteger a los jóvenes que encontraban su primer trabajo. Se les posibilitaba emanciparse y ahorrar durante una década viviendo con una renta protegida para posteriormente pasar como inquilinos o propietarios al mercado de vivienda libre. 

No se trata de viviendas pensadas para personas o familias en riesgo de exclusión social, sino para la clase media. La prueba está en los requisitos para acceder a ellas que constan en el portal de vivienda del Ayuntamiento de Madrid: que se destine a domicilio habitual, no ser titular de una vivienda libre ni en régimen de protección y que los ingresos familiares no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Este último requisito da una idea real de quien es el inquilino tipo de estas viviendas. El límite de ingresos para acceder a una VPPA es a día de hoy de 51.254,09 euros para una persona o una pareja sin hijos. Límite que se incrementa proporcionalmente hasta un máximo de 58.576,10 euros para familias con seis o más hijos.