El Senado aprobó ayer un cambio normativo que permite que los dueños de inmuebles contra los que pese una orden judicial de demolición por construcción ilegal sean indemnizados antes de que se produzca el derribo.
El gobierno de Andalucía modificará la ley de ordenación urbanística de la región (loua) para permitir la regularización de cerca de 25.000 viviendas construidas en suelos no urbanizables. En concreto, se cambiará por decreto el artículo 185.
La consejería de fomento y medio ambiente de Castilla y León creará una segunda vía para sacar del limbo a unas 50.000 viviendas irregulares que se construyeron en la región sin autorización y en suelo rústico en las décadas de los 80 y 90.
La junta de Andalucía tiene previsto aprobar hoy un decreto por el que se abre la puerta a la regularización de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en la región.
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