Responsabilidad patrimonial al Estado

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

El Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de un propietario que exigía al Estado una indemnización de 425,52 euros por la limitación en la actualización de rentas de alquiler al 2% (durante 2022 y 2023), fijada en el Real Decreto-Ley 20/2022, y que el Gobierno subió al 3% durante 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima el recurso, sino que impone el pago de costas procesales al demandante. El propietario alegaba que el perjuicio cumplía los requisitos legales para ser resarcido: un daño económico real, con carácter antijurídico, derivado de una norma que, en su opinión, restringía la propiedad privada y alteraba la seguridad jurídica prevista en la LAU.

En la actualidad, los contribuyentes que en su día iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador en materia de plusvalía municipal se encuentran en un laberinto procesal. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada sólo durante 2024 para dar respuesta a las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En este recorrido ponemos sobre la mesa algunas trampas con las que pueden encontrarse los contribuyentes, en qué casos las reclamaciones están abocadas al fracaso y cuáles son los motivos que han llevado al Tribunal a dar la razón a los contribuyentes.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que las reclamaciones en los ayuntamientos por las "negligencias del legislador" en torno a la plusvalía municipal ascienden a 750 millones de euros. Los inspectores han denunciado la inseguridad jurídica en torno al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y prevén una oleada de reclamaciones por parte de los contribuyentes.

En octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal y, con ello, abrió la puerta a que muchos contribuyentes que en su día pagaron este tributo, solicitaran una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, señala que la obtención de una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial ha acabado convirtiéndose en un camino lleno de trampas para los afectados. Si el contribuyente puede demostrar que no obtuvo incremento de valor, o que éste fue inferior al que se gravó con las normas del impuesto, entonces hay motivos para seguir peleando.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva al Estado a los tribunales para reclamarle una indemnización de 713 millones de euros por los daños ocasionados por los pronunciamientos judiciales y lo que califica como la "inactividad" del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, impuesto que no pueden cobrar los ayuntamientos. A finales de diciembre, la Junta de Gobierno municipal aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

Hace un año el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio un tirón de orejas a España por no querer indemnizar a los particulares que reclamaban responsabilidad patrimonial al Estado basándose en normativas de 2015 que van en contra de las leyes comunitarias. Ahora el Gobierno está trabajando sobre una reforma de dichas leyes, pero de mínimos y que no soluciona gran parte de los problemas con los que se enfrenta el contribuyente a la hora de exigir la responsabilidad patrimonial al Estado.

Europa acaba de condenar a España a indemnizar a aquellos contribuyentes que vean el derecho comunitario vulnerado. Aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sólo cuestiona los requisitos para reclamar en caso de infracción del Derecho europeo, interesa preguntarse si dicha resolución podría abrir la puerta a flexibilizar los requisitos exigidos para reclamar una indemnización cuando se haya vulnerado la Constitución española. En esta situación se encuentran aquellos contribuyentes afectados por la última declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal.