El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en julio de 2016 el plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales. Un año después, y en pleno debate sobre el turismo en la Ciudad Condal, el Consistorio saca sus datos donde han triplicado las sanciones y las órdenes de cese de actividad. En total, han dictado el cierre de 2.332 pisos ilegales, de los cuales 744 han acatado la orden.
El Gobierno municipal de Barcelona insiste en el mensaje: no están en contra de los pisos turísticos, sino en contra de la actividad ilegal. La teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, presentó ayer los números que reflejan su objetivo en reducir la oferta sumergida.
En estos doce primeros meses del plan de choque contra los pisos ilegales, se han abierto 6.197 expedientes disciplinarios. No todos los expedientes son por actuar ilegalmente. Eso es, que hayan provocado amonestaciones vecinales o hayan incumplido algún punto.
De todos esos expedientes abiertos, hasta 2.332 pisos turísticos carecían de legalidad para operar como tal. Solo 744 han sido cesado su actividad y 145 han sido precintados. La búsqueda de estos pisos ha sido posible gracias al equipo de 'visualizadores' que creó el Ayuntamiento para ir comprobando a pie de calle si las direcciones que figuraban en las plataformas digitales eran ofertas legales. Más de 40 'informadores' con la función de agilizar el trabajo al inspector, y así este último limitarse a la sanción.
Además, el Ayuntamiento habilitó una página web donde cualquier ciudadano podía hacer llegar a la administración pública los pisos ilegales que detectara. Desde julio del año pasado, el Ayuntamiento ha recibido 3.059 quejas y reclamaciones vecinales sobre irregularidades en este tipo de viviendas.
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