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Portugal es el país de moda en estos momentos. En 2016 recibió a 60 millones de extranjeros turistas, de los cuales 7,7 millones se alojaron en pisos turísticos, una alternativa vacacional que está por regular. De hecho, el Gobierno luso está inmerso en un proyecto de ley que obligaría a los propietarios a pagar una mayor cuota de los gastos de la comunidad. El objetivo es regular, pero sin acabar con esta actividad que genera muchos ingresos al país. 

Sin embargo, esta medida ha levantado polémica, sobre todo por aquellos que se muestran contrarios al alquiler vacacional. Por ejemplo, António Frias Marques, presidente de la Asociación Nacional de Proprietarios (ANP), asegura que no es la solución y pide que los pisos turísticos cumplan los requisitos aplicados a los hoteles. 

Esta misma fuente asegura al periódico El Mundo que los empleos que se han creado en esta actividad son de la misma calidad que los turistas que los ocupan, es decir, low cost. Apuesta más por la limitación del número de alquileres vacacionales, una medida que ya ha puesto en marcha la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, "esta medida me parece inteligente y sensata, nada que ver con las manías persecutorias de algunos ayuntamientos españoles. Además de producir un beneficio directo a los vecinos directamente relacionados con los apartamentos turísticos, permite mantener la transparencia de un mercado que muchos políticos españoles están empeñados en hacer clandestino, con todos los perjuicios que conlleva. Ojalá en España hubiera menos caza de brujas como las que estamos viviendo y más propuestas creativas y fáciles de aplicar como la propuesta portuguesa". 

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