Un juez considera inconstitucional la ejecución hipotecaria al vulnerar el derecho a vivienda

El derecho constitucional a una vivienda digna (o a un trabajo) es un derecho demagógico, inexistente y de carácter puramente mágico porque una constitución no puede contener derechos.

No hay sitio para los derechos en una constitución porque lo único con lo que puede construirse una constitución son las prohibiciones. Lo que aparecen como derechos en una constitución son “derechos negativos” esto es prohibiciones, prohibiciones disfrazadas de derechos. El derecho a la vida es simplemente la prohibición de matar. El derecho a la libre expresión es una prohibición de la censura, el derecho a la intimidad en las comunicaciones privadas es una prohibición de las escuchas y la violación del correo y el derecho a la defensa es una prohibición de los juicios arbitrarios.

Lo que en una constitución aparecen retóricamente como derechos de los ciudadanos no son más que prohibiciones a la contraparte de los ciudadanos, prohibiciones que ponen límites estrictos a la arbitrariedad del estado. Las constituciones sirven para proteger al ciudadano del estado y lo consiguen limitando férreamente al enemigo de los ciudadanos que, obviamente, es el estado.

De esta forma, cuando un derecho constitucional de un ciudadano es violado, es inmediato determinar quién ha violado ese derecho porque basta con saber quien ha cometido el acto que prohíbe taxativamente la constitución. Si el teléfono de un ciudadano ha sido pinchado, por ejemplo, el juez defenderá el derecho constitucional de ese ciudadano persiguiendo a la autoridad responsable de ese pinchazo.

Cuando quienes redactan una constitución es una colección de estatistas iletrados de tendencia totalitaria, que ven en el estado no la lacra que una constitución debe mantener a raya para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder sino que ven en el estado una entidad paternalista y protectora, lo que se obtiene es una pieza de cursilería demagógica llena de “derechos positivos” de carácter mágico como la constitución española.

Si un “derecho negativo”, como los que forman una constitución genuina, implica una prohibición para la contraparte, que es siempre el estado, un derecho positivo, como los que aparecen en la “constitución” española, implica una obligación para cierta contraparte.

El problema es que como estos “derechos positivos” solo aparecen en la constitución para añadir demagogia totalitaria y buenismo estatista, esa contraparte que debe asumir la obligación que implica el derecho no aparece, está ausente lo que hace que ese “derecho” esté formado por aire.

Si todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna y a un trabajo ¿Por qué hay desempleo en España? O ¿Por qué hay gente que no puede irse de la casa de sus padres aunque lo desean?

Si un ciudadano sella en España un contrato mucho más humilde que una constitución, como puede ser comprar un billete de avión, adquiere curiosamente unos derechos que son infinitamente más sólidos que sus derechos constitucionales. Esto es así porque los derechos que adquiere ese ciudadano al comprar ese billete implican obligaciones de la contraparte que es la compañía aérea y esa contraparte está bien definida. Si el vuelo no despega, llega con retraso o se pierde una maleta, el ciudadano reclamará sus derechos y el juez impondrá a la compañía la obligación de restituir los derechos de ese ciudadano. Así se simple.

Los etéreos derechos constitucionales de acceder a una vivienda digna o a un trabajo, que todo español tiene, no parecen implicar la obligación de nadie de hacer efectivos esos derechos, de forma que si esos derechos son violados no parece haber nadie a quien la ley pueda obligar a cumplir unas obligaciones.

Una legislación que derivara consistentemente de una constitución así, debería declarar ilegales los despidos o obligar a toda empresa a contratar a toda persona que quisiera trabajar en la empresa. También debería declarar ilegal el desahucio de un ocupa o de cualquier inquilino aunque no hubiera pagado una sola renta o llevase 20 años sin pagarlas.

El problema con esto es que una legislación así no proporcionaría un empleo a cada español y acabaría con el desempleo sino que llevaría el desempleo al 70%. Tampoco una legislación así proporcionaría una vivienda a cada familia sino que extendería la miseria y el chabolismo.

Por eso estas fantasías mágicas puramente retóricas que aparecen en la “constitución” española nunca son llevadas a leyes reales con efectos prácticos.

Al parecer hay jueces que no entienden esto y llevan sus delirios adolescentes al extremo de tomarse en serio la idea de que un juez puede hacer un mundo más justo.

El teatro guiñol en el que una débil familia se enfrenta a un poderoso banco es una construcción demagógica fantasiosa. En muchas ocasiones, ese deudor ultraapalancado está donde está simplemente porque los negocios fuertemente especulativos producen enormes beneficios unas veces y enormes pérdidas otras. Ninguno pidió que su deuda con el banco fuese reevaluada al alza un 40% tras 3 años de subidas del 17% del valor de su piso.

Las verdaderas víctimas de todo esto, además de muchas familias inocentes que fueron atrapadas por la burbuja creada por gobiernos y bancos centrales, son las personas más humildes y menos organizadas sobre las que el estado hará recaer el sacrificio de todas las aventuras especulativas que han terminado saliendo mal.

Cuando un deudor transfiere a un banco o caja las pérdidas que se derivan de no cumplir lo que se comprometió a cumplir, quien termina sufriendo esas pérdidas en forma de pobreza es la viuda a la que recortan la pensión, el repartidor de fruta al que suben el gasoil o las familias más humildes que pagar mucho más caros los bienes de primera necesidad debido al miserable incremento de impuestos sobre los más débiles.

Cuando un juez perdona sus deudas a un deudor, esas deudas no desaparecen sino que son transferidas por el estado a otros y esas víctimas a quienes el estado sacrifica son siempre, lógicamente, los más débiles, quienes no pueden defenderse del estado.

No pueden defenderse del estado porque no hay una constitución que les proteja, porque no hay una constitución que mantenga firmemente maniatada a la bestia.