Guerra abierta frente al alojamiento de corta duración: el registro de la propiedad como coartada
Hace un mes, el Gobierno solicitó a las plataformas digitales la retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que no habían obtenido el número de registro, obligatorio desde el pasado 1 de julio, y por tanto, que no cumplían los requisitos legales para su comercialización. Desde el despacho de abogados Andersen recuerdan que el Reglamento de la UE establece que los datos del registro "solo pueden servir para verificar el alta de una vivienda turística y garantizar que el usuario accede a un servicio seguro" e insisten en que usar esos datos como herramienta de inspección urbanística no solo genera inseguridad jurídica, sino que fuerza "los límites de la ley" En su opinión, demonizar la vivienda de uso turístico no resolverá el problema de la vivienda y dinamitará un sector que "puede, y debe, convivir con el mercado residencial".











