ASVAL

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en línea con otras voces del sector inmobiliario, cree que el decreto para prohibir los desalojos de inquilinos vulnerables que ultima el Gobierno supone legalizar la okupación y que el Estado tendrá responsabilidad patrimonial y legal por permitir esta práctica. También sostiene que los propietarios están dispuestos a buscar soluciones para los afectados por el covid-19, pero siempre y cuando sean inquilinos legales.

Las intervenciones regulatorias en la vivienda, como el control de los alquileres que está operativo en Cataluña y llegará a todo el país el año que viene, no son la solución del problema. Según Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, la clave estará en aumentar la oferta de inmuebles y no en tomar medidas populistas que, si bien pueden generar mucho ruido, no surten efecto. En su opinión, lo único que logran es trasladar al sector privado la responsabilidad de la Administración de proveer de vivienda a aquellos que no la tienen.

El presidente de Asval ha participado asegura que el coronavirus “cambiará el mercado de la vivienda en España”. En este sentido, Joan Clos explica que se producirá una “diversificación” en los precios y en la oferta. Además, el exalcalde de Barcelona critica las medidas intervencionistas del Gobierno central porque “ya han fracasado en otros países europeos” y defiende que para bajar los precios de la vivienda “hay que aumentar la oferta”.

El exalcalde de Barcelona y actual presidente de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha explicado durante unas jornadas del sector inmobiliario que detrás del problema de la vivienda que arrastra España están unas regulaciones demasiado cambiantes. Clos, al igual que los demás ponentes, rechazó la puesta en marcha del control de los precios del alquiler e insistió en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas asequibles.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) considera que el objetivo del Gobierno de ayudar a las familias vulnerables en pleno rebrote del covid-19 no se cumple al paralizar los desahucios. Cree que genera inseguridad jurídica y provocará una contracción de la oferta y de nuevas inversiones en materia de alquiler, lo que acabará lastrando el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, y recomienda dar ayudas directas para pagar la renta. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que prolonga los impagos que sufren muchos propietarios.

A mediados de esta semana el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios. Los principales actores del negocio del real estate en España están en contra, tildando este movimiento de ilegal, una medida “disparatada” y que, de salir adelante esquivando la negativa del Tribunal Constitucional, tendrá efectos adversos para inquilinos y propietarios.

ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone de forma contundente al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, que se espera se vote próximamente en el Parlament catalán, porque vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña.

La crisis del covid-19 ha impactado con fuerza en el mercado del alquiler. Durante los meses del confinamiento, la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5% al 15% y ASVAL (la asociación de propietarios de viviendas en alquiler) prevé que los impagos sigan incrementándose en los próximos meses si no se toman medidas para hacer frente a este problema. Además, calcula que apenas un 1,3% de los inquilinos han solicitado los créditos ICO.

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB Josep Oliver estima que en 2019 cerca de 1,2 millones de hogares (un 39% del total) dedicaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y sus estimaciones apuntan a que, si los alquileres continúan este año en niveles del pasado, 1,8 millones de hogares gastarán más del 30% en el alquiler, es decir, subirá un 50%. Los expertos apuestan por aumentar la oferta y llevar a cabo la colaboración público-privada.

El desarrollo de un parque de viviendas en alquiler en España es esencial para mejorar la accesibilidad a jóvenes y colectivos vulnerables, máxime tras la pandemia provocada por el covid-19.

Asval, asociación que defiende los derechos de los propietarios de viviendas en régimen de alquiler, afirma que la morosidad en este mercado se ha triplicado desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. En concreto, el nivel de impagos ha alcanzado el 15%, cuando hace dos meses no superaba el 15%. El organismo dirigido por Beatriz Toribio reclama 750 millones de euros a ayudas directas a los inquilinos para el pago de la renta del arrendamiento y evitar así el endeudamiento de estos.

Joan Clos encabeza la primera asociación que agrupa tanto a grandes propietarios, como a arrendadores particulares en España.

En un momento en que el porcentaje de viviendas en alquiler en España supera el 20% del parque de inmuebles, nace ASVAL, la primera asociación que reúne a propietarios particulares y profesionales que se dedican al alquiler de casas, para impulsar este mercado y ser una voz autorizada ante organismos públicos. Con un volumen de 30.000 viviendas, ASVAL cuenta entre sus asociados con Ares, Testa Homes, Albirana Properties, Locare, La llave de oro y Aedas Homes.