Audiencia provincial Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 26 de mayo de 2025, ha rechazado que una promotora convierta trasteros en viviendas en la localidad madrileña de Pinto. La Sala ha desestimado las pretensiones de la empresa y respaldado, en cambio, la actuación de la comunidad de propietarios, subrayando que “no puede prevalecer el interés individual y exclusivo de un comunero sobre el interés colectivo y el beneficio general de la comunidad”.

Salir de una vivienda en alquiler no basta para que el contrato se dé por terminado. Así lo ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia que obliga a un inquilino a abonar una elevada suma en concepto de rentas atrasadas, tras abandonar una vivienda sin entregar formalmente las llaves. El tribunal considera que, pese a haber dejado el inmueble, el contrato de arrendamiento siguió en vigor durante más de un año, al no haberse devuelto correctamente la posesión al propietario.

Transformar una finca rústica en vivienda habitual sin las licencias y calificaciones urbanísticas exigidas puede acarrear responsabilidades penales. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena impuesta a dos copropietarios que instalaron una 'mobile home', varias casetas y una piscina en una parcela de 5.648 m2 ubicada en el municipio de El Molar, catalogada como suelo no urbanizable de especial protección por sus valores agrícolas y naturales. La resolución impone ocho meses de prisión, una multa y la demolición forzosa de todas las construcciones ejecutadas sin licencia.

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el desahucio por impago de rentas de una inquilina interpuesto por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que el hecho de que devolviese el recibo de una mensualidad porque incluía una factura de agua 20 veces superior a la cuantía habitual no es razón suficiente para concluir el contrato de arrendamiento, puesto que la arrendataria reclamó el desglose del gasto e intentó abonar el importe en todo momento. La inquilina devolvió la mensualidad de mayo de 2021 por un valor de 895,71 euros, que incluía un gasto por consumo de agua de 562,13 euros, que ha provocado esta situación.

La justicia ha avalado la legalidad de la venta de los pisos públicos que realizó en 2013 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid al Blackstone. Durante años se ha puesto en duda tanto la transparencia del proceso como los motivos por los que el gigante de la inversión se quedó con la cartera de viviendas. Sin embargo, la oleada de testimonios de los implicados y las pruebas aportadas han llevado a los tribunales ha archivar el caso, tras constatar que el procedimiento fue abierto y la oferta de Fidere, la más conveniente para la empresa madrileña. Repasamos paso a paso cómo se cerró la operación.

Una reciente sentencia de la Sección nº 5 de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso idealista/news, avala la venta de casi 2.000 pisos públicos que realizó la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo estadounidense Blackstone en 2013 por 128 millones de euros. Considera que la operación estaba amparada por la legislación, que se realizó con transparencia y que la situación económica de la sociedad era comprometida. Así, el tribunal absuelve al entonces consejero delegado de la EMVS y al representante de Blackstone de los delitos de los que venían siendo acusados, entre ellos prevaricación, malversación y fraude.

La Audiencia Provincial de Oviedo, en una sentencia reciente, establece que la entidad financiera es la que debe asumir el gasto de la tasación de la vivienda, un paso imprescindible a la hora de conceder la hipoteca. Su decisión está en línea con las de otros juzgados provinciales, como los de Madrid o Málaga, y sigue la doctrina del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado julio. El Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse en esta materia.

La Audiencia Provincial de Madrid sigue los pasos del Tribunal Supremo sobre cómo se deben repartir los gastos hipotecarios y considera en una sentencia reciente que el banco tiene que asumir el 100% del registro y el 50% de la notaría y la gestoría, tal y como estableció el Alto Tribunal a principios de 2019. Sin embargo, el juzgado madrileño reparte también las costas, una decisión que va en contra del criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en julio se inclinó por ahorrar al hipotecado este coste si la cláusula de los gastos era declarada abusiva.

La Audiencia Provincial de Madrid ha inclinado la balanza a favor de los consumidores en una macrodemanda de cláusulas suelo de las hipotecas. El tribunal condena a 40 bancos a devolver a 9.000 clientes todo el dinero que pagaron de más a través de estas cláusulas abusivas, más los correspondientes intereses, al considerar la retroactividad total. La asociación ADICAE la ha catalogado como una "victoria histórica".

Un total de 18 Audiencias Provinciales han publicado ya sentencias a favor de los clientes tras reclamar el coste de la totalidad de los gastos de formalización de sus hipotecas. Hasta 10 de ellas han obligado a la banca a asumir el coste del Registro de la Propiedad, la notaría y el AJD, mientras que las demás han ordenado la devolución de una parte de los gastos.

La Audiencia Provincial de Madrid se ha mostrado en contra de aplicar medidas cautelares para desalojar viviendas adquiridas por la banca mediante ejecuciones hipotecarias por querer venderlas antes.

Madrid ya ha comenzado los trámites para relanzar la olvidada ‘Ciudad de la Justicia’. Un macroproyecto que moverá a diario unas 25.000 personas, ocupará 200.000 m2 y pondrá fin a la dispersión de sedes judiciales.

La sección 18 de la audiencia provincial de Madrid ha condenado a la aseguradora hcc europe a pagar a 423 afectados del caso de una supuesta estafa inmobiliaria de propietarios del suelo de getafe (psg).

La audiencia provincial de Madrid ha reabierto el caso metrovacesa al admitir un recurso de apelación de los accionistas minoristarios contra los principales directivos de la inmobiliaria.

Hoy se debate en la audiencia provincial de Madrid el porcentaje de los intereses de demora que cobran las entidades financieras por los retrasos en el pago de las cuotas hipotecarias.