Bildu

El Gobierno ha anunciado un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso ha vuelto a airear las diferencias entre los socios de Gobierno en materia de vivienda o la falta de comunicación entre los ministerios del PSOE y de Sumar, además de una ruptura con parte del ala a la izquierda del Ejecutivo. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que las noticias publicadas a partir de un informe del Ministerio de Consumo carecen de datos contrastados para afirmar que más de 632.360 contratos finalizarán en 2026 y que tendrán una subida media de 1.735 euros anuales. Mientras, Ione Belarra (Podemos) pide la dimisión de la ministra y que se vaya a la patronal.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha exigido este miércoles al Gobierno medidas "más efectivas y más tangibles" en la crisis de vivienda, y el presidente Pedro Sánchez, ha replicado recordando que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están en un "boicot" a la

EH Bildu y Podemos han avanzado que votarán en contra del decreto para mejorar la compatibilidad de pensión y empleo y que el PP tiene previsto apoyar en la Cámara Baja.Se trata de la última parte de la reforma de pensiones que comenzó el exministro José Luis Escrivá.

Sumar, ERC, Bildu y BNG se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria antidesahucios, que se puso en marcha en 2020 por la crisis del coronavirus y que expira el próximo 31 de diciembre. La organización afirma que ha detenido 58.000 lanzamientos en los últimos cuatro años, el 25% del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024. También pide más medidas que amplíen su efectividad, puesto que no ha funcionado en el 75% de los casos.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han registrado la solicitud de comparecencia en el pleno del Congreso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante la "inacción" de su departamento y la "falta de medidas" para posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. Las tres

El Gobierno y EH Bildu han llegado a un acuerdo para prorrogar la prohibición de los cortes de luz, agua y gas y el mantenimiento de la tarifa regulada para calderas comunitarias hasta enero de 2025, una medida que decaía el próximo 30 de junio y cuya prórroga se incluirá en el próximo decreto antic

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición no de ley para declarar en España la situación de emergencia habitacional y, así, poder limitar el precio del alquiler en todo el país. La iniciativa se ha topado con el voto en contra de PSOE y PNV, que la han calificado como electoralista a las puertas de las elecciones vascas, así como de PP y VOX. La propuesta que sí ha recibido el respaldo de la Cámara es la de pedir al Gobierno la deflactación del IRPF a nivel nacional para combatir la inflación, que acumula una escalada del 17% desde febrero de 2021, gracias a la abstención de PNV, Junts y el BNG.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de EH Bildu para declarar a todo el territorio español en emergencia habitacional y poder así regular los alquileres. La formación asegura que los altos precios de la vivienda se han convertido en un problema de "primera magnitud" para gran parte de la ciudadanía y exige que las Administraciones asuman responsabilidad, así como aumentar el control de posibles fraudes en arrendamientos de temporada y por habitaciones. Otra de sus peticiones que el el nuevo índice para actualizar las rentas que sustituirá al IPC se publique en los próximos seis meses.

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para prohibir "de forma expresa" la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, y que se permita la transmisión gratuita a otras entidades públicas para aumentar el parque de alquiler. La formación de Yolanda Díaz también plantea una moratoria de tres años que impida la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente. Además, propone al Ministerio de Vivienda que el índice de precios de alquiler incluya sanciones ante posibles subidas excesivas de los precios.

El texto rechazado por la Cámara planteaba una auditoría para conocer el estado contable y los activos de la Sareb. Un trámite para después comunicar a las comunidades la relación de activos, con información catastral, el estado de los inmuebles y sus ocupantes, si los hubiera, garantías para evitar procesos de desahucio y fomentar el destino de suelo urbanizable para alquiler social.

EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís han avanzado este martes en el Congreso que sumarán sus votos a los del Gobierno para rechazar este jueves las enmiendas de devolución con las que el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts buscan tumbar el proyecto de ley de Derecho a la Vivienda. El Gobierno sigue dependiendo de Esquerra Republicana (13), que no ha aclarado su voto en las enmiendas de devolución pero ha presentado una propuesta alternativa.

El precio de las rentas en las principales ciudades ha empujado a que se plantee si se debe regular el mercado del alquiler en España. La propuesta, planteada por la PAH, y abrazada por Unidos Podemos, Compromís, ERC, PdeCat y Bildu, ha llegado al Congreso para crear una ley que ponga topes a los alquileres a escala nacional, además de impedir más desahucios o blindar el acceso a suministros básicos. Pero primero deberá debatirse si es aplicable legalmente o generará mayor frustración.