Sumar pide 3 años de moratoria a la venta de viviendas a fondos de inversión y población no residente

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para prohibir "de forma expresa" la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa, para frenar la especulación inmobiliaria.

Eso sí, la propuesta de Sumar aboga por permitir la transmisión gratuita de ese patrimonio de suelo y vivienda a otras entidades públicas, para su transformación en parque público de alquiler. Se trata de una iniciativa con la que el grupo plurinacional busca frenar la especulación y garantizar el acceso a una vivienda digna.

El grupo urge con su propuesta a adoptar una nueva cultura política de vivienda que se centre en garantizar el acceso al conjunto de la sociedad, regulando los precios de alquiler y ampliando el parque de vivienda pública, pero también frenando de raíz la "voracidad especulativa" de una "minoría social".

Sobre todo porque, a juicio de Sumar, es "obvio" que las actuales políticas de vivienda han fracasado y en España la compraventa por parte de "fondos buitre" y población no residente representa en ciudades como Alicante un 40% de las transacciones, un 38% en Santa Cruz de Tenerife, un 32% en Málaga, un 30,85% en Girona y un 31% en Baleares.

Contra estas prácticas, la formación de Yolanda Díaz también plantea una moratoria de tres años que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente, para frenar la especulación "particularmente en las ciudades más turísticas".

Exige a Vivienda que el índice del alquiler sirva para sancionar a caseros que se excedan con el precio

La portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Gala Pin, ha presentado las alegaciones al Ministerio de Vivienda por el índice de referencia de precios de alquiler para que incluya un régimen de inspecciones y sanciones ante posibles subidas excesivas de precio por parte de los propietarios.

El grupo confederal celebra "con cautela" la publicación del índice de precios, aunque ha advertido la declaración de áreas de mercado residencial tensionado puede tener un efecto contraproducente y servir "para subir los alquileres. Si aprobamos una norma, pero no tenemos la forma en la que inspeccionar y sancionar los incumplimientos, no funcionará", ha explicado Pin.

Al margen del régimen sancionador, Sumar quiere modificar el funcionamiento del índice de modo que, en lugar de vertebrarse mediante una horquilla de precios máximos y mínimos se publique el precio mediano de la zona en cuestión, en consonancia con las peticiones de la Generalitat catalana. "El sistema de horquillas no permitirá bajadas significativas de los precios.

Bildu propone declarar en emergencia habitacional a toda España y urge a regular los alquileres

EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para declarar a todo el territorio español en emergencia habitacional y regular los alquileres, pues considera que los altos precios de la vivienda se han convertido en un problema de "primera magnitud" para gran parte de la ciudadanía.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha explicado que la iniciativa tiene por objeto asegurar el derecho efectivo a una vivienda digna ante una situación "de emergencia", que se explica, según Matute, por la "burbuja" que se ha generado en el mercado de la vivienda en España, de lo que tienen responsabilidad las administraciones "tanto autonómicas como centrales".

El portavoz ha apuntado que la propuesta exige la regulación de los contratos de arrendamiento por habitaciones, y también el aumento de los medios de control del fraude que se pueda cometer con las figuras de arrendamientos temporales. Asimismo, exigen que se publique en el plazo máximo de seis meses el nuevo índice para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler, el cual deberá sustituir a la referencia ligada al IPC.

Finalmente, demanda que se ofrezca la seguridad jurídica necesaria para que las CCAA y los municipios puedan regular de manera efectiva sobre los pisos turísticos, dentro de sus competencias.