La Comisión Europea ha ampliado el expediente abierto hace siete años contra España por no permitir que los ciudadanos no residentes puedan beneficiarse de una reducción a efectos del impuesto sobre la renta de los ingresos por el alquiler de bienes inmuebles. Los servicios comunitarios explican que los contribuyentes que son residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido por los arrendamientos, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción.
El Gobierno de Pedro Sánchez se está planteando endurecer las deducciones en el IRPF de las que se están beneficiando los propietarios de viviendas en alquiler para aquellos caseros que suban los precios de los arrendamientos por encima de lo que estime el Ejecutivo central. En lo que va de año, el Gobierno ha pasado de anunciar una deducción total, del 100% en el IRPF, para los arrendadores que renovaran contratos sin subir precios, a estudiar la manera de penalizar con este impuesto a los que aumenten la renta en un nuevo contrato.
Un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destaca que la brecha entre los ingresos entre los caseros y los inquilinos alcanza los 23.638 euros anuales. Los arrendadores cuentan con una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos, lo que supone una diferencia del 82%, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Agencia Tributaria exigió a miles de contribuyentes una declaración complementaria en 2017 al detectar que no habían declarado los ingresos de los inmuebles que destinan al alquiler, muchos de ellos al vacacional.
En nuestro consultorio inmobiliario el arrendador de un piso nos pregunta si está obligado a declarar los ingresos que obtiene por el alquiler, si no llega al mínimo salarial necesario para presentar la declaración de la renta.
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