La Comunidad Valenciana encabezó en 2011 los desahucios en España con 13.711 sentencias, una de cada cuatro del conjunto del estado. En total, se produjeron una media de 1.142 desahucios al mes o lo que es lo mismo, 37 al día, según el consejo general del poder judicial (cgpj)
El ministro de economía, Luis de guindos, ha anunciado que el gobierno aprobará en el próximo consejo de ministros un real decreto ley para minimizar el impacto social negativo de los desahucios a las familias en situación más vulnerable.
Álava ha aprobado un cambio en la normativa foral de este territorio para que los afectados por desahucios y ejecuciones hipotecarias no tengan que pagar, como hasta ahora, el impuesto de plusvalía por el incremento del valor del suelo del inmueble La medida, propuesta por bildu en las juntas g
Unas 150.000 familias ya han perdido su vivienda en nuestro país al no poder pagarla debido a la crisis económica, pero esta cifra podría multiplicarse en los próximos años.
La plataforma de afectados por la hipoteca (pah) ha logrado paralizar definitivamente el desahucio de justa, propietaria de una vivienda en el barrio de aluche (Madrid).
Unos 40 indignados han logrado frenar el desahucio de una inquilina en Madrid que, al no tener trabajo, lleva casi un año sin pagar el alquiler. La otra cara de la moneda es la del propietario del piso, quien para poder seguir pagando la hipoteca tiene que alojarse en casa de algún familiar.
La tardanza en desahuciar al inquilino que no paga el alquiler de una vivienda y los elevados costes que supone la vía judicial actúan como cortapisas para poner en alquiler una vivienda.
Las grandes inmobiliarias han solicitado que se pongan en marcha las reformas necesarias para eliminar los obstáculos que a su juicio limitan aumentar la oferta de alquiler.
Unos 600 valencianos podrían quedarse sin casa por una supuesta estafa de más de 10 millones de euros cometida por las financieras hipoval y renew house, que exigían disparatados intereses.
Ya está en el congreso la ley que agiliza los desahucios, el cobro de impagados y busca impulsar el alquiler de viviendas con nuevos supuestos para rescindir los contratos.
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