Gobierno

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez traerá consecuencias económicas. Por ejemplo, este año batirá el récord de gasto electoral con 600 millones de euros, por primera vez se volverán a prorrogar unos Presupuestos (los de 2018), está en vilo la subida de las pensiones y el alza salarial de los funcionarios, así como los pagos millonarios que realiza el Estado a las autonomías. Todo ello coincide con una creciente incertidumbre geopolítica, financiera y económica mundial.

El crecimiento, el empleo, las exportaciones, el sector del automóvil, el número de autónomos, la compraventa de casas, los pedidos de la industria... Los últimos datos de mercado apuntan a un enfriamiento económico, que se suma a la ralentización mundial y a otros focos de tensión como la guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit y la reciente crisis de Argentina. Mientras tanto, y casi medio año después de las elecciones generales, España sigue sin un nuevo Gobierno.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se somete este jueves 25 a la segunda votación para su investidura. En sus intervenciones en el Congreso ha desgranado algunas propuestas económicas, que van desde frenar la escalada del precio del alquiler, volver a subir el salario mínimo interprofesional o vincular la mejora de las pensiones al IPC a revisar la tributación de las empresas tecnológicas y la fiscalidad medioambiental.

El Gobierno remitió a Bruselas el pasado 30 de abril el Programa de Estabilidad de la economía española para los próximos cuatro años. El documento, además de contemplar subidas de impuestos, incluye la revisión de hasta 13 beneficios fiscales vinculados al IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. Entre ellos está la reducción por alquiler de viviendas para arrendadores e inquilinos, los donativos, la maternidad, las familias numerosas o la inversión en I+D+i por parte de las empresas.

A falta de dos semanas para la disolución de Las Cortes de cara a las elecciones generales del 28 de abril, el Gobierno prepara varios decretos para aprobar medidas de carácter laboral. Desde ampliar la baja paternal a 16 semanas hasta controlar las horas extra, pasando por crear recuperar los subsidios a mayores de 52 años y bonificar a las empresas si contratan a parados de larga duración. Repasamos las novedades que podrían llegar en los próximos días.

El Ejecutivo ha destinado 679 millones de euros a la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La cifra arroja una mejora del 41% respecto a las partidas de años anteriores, aunque sigue muy lejos de los niveles de hace una década. En 2009, por ejemplo, se reservaron más de 1.600 millones. El mercado residencial apenas se lleva dos de cada 1.000 euros de las cuentas públicas, en un momento en el que los expertos piden más políticas y recursos para ampliar el parque de viviendas sociales.

Con el nuevo año entró en vigor la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018. Y ya se están viendo sus efectos: el Ministerio de Trabajo contabilizó 274.000 despidos durante el primer día. Los expertos llevan meses alertando del peligro de incrementar el SMI para el empleo, así como del posible repunte de la economía sumergida.

El Gobierno ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional del 22,3%, hasta situarlo en 900 euros mensuales. Se trata del mayor repunte en 40 años y, aunque su vocación es mejorar las condiciones de millones de trabajadores, los expertos alertan de que su entrada en vigor tendrá más riesgos que beneficios: podría frenar la creación de empleo, no tiene por qué aumentar la recaudación y podría impulsar la economía sumergida.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para que sean los bancos los que paguen el impuesto de las hipotecas (AJD) a partir de ahora. Este 9 de noviembre se ha publicado el real decreto en el BOE y entra en vigor un día más tarde. A cambio, los expertos esperan que la banca termine repercutiendo este gasto al ciudadano, mediante un encarecimiento de los diferenciales de las hipotecas.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que el Ejecutivo está participando en un grupo de trabajo con las comunidades autónomas con el fin de dar una solución al alquiler vacacional y poner sobre la mesa distintas propuestas de actuación. La previsión es diseñar medidas concretas antes de que acabe el año.

El Congreso de los Diputados retoma la actividad tras el parón veraniego y el nuevo curso arranca con tres grandes retos: aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, la ley hipotecaria y la reforma de las pensiones. Con un Gobierno en minoría, la puesta en marcha de estas medidas exigirá negociaciones entre diferentes formaciones políticas. Repasamos las novedades que podrían incluir cada uno de estos 'deberes'.

El Gobierno ha confesado que estudia subir el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros. Una medida que afectaría a unas 91.000 personas, que pagarían unos 4.400 euros anuales de más si finalmente se aplica esta subida, según los Técnicos de Hacienda. Cataluña sería la región donde más contribuyentes tendrían que pagar un tipo medio de hasta el 52%.

La recién estrenada Secretaría General de Vivienda, dentro del Ministerio de Fomento, ya cuenta con un responsable. El ministro José Luis Ábalos ‘ficha’ a Helena Beunza, hasta ahora directora general de las políticas de viviendas social en la Comunidad Valenciana, para reformar la actual LAU y ampliar el parque de viviendas en alquiler.

Reyes Maroto, la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha dejado claro en unas jornadas celebradas en Santander que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no va a romper con todas las reformas de la ‘era Rajoy’. Ha asegurado que el objetivo es dar tranquilidad y continuidad al país para recuperar la confianza y ha repasado algunas de las medidas en las que está trabajando el Ministerio, como un marco para regular los pisos turísticos o una nueva agenda digital.

El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario llegará al Parlamento para iniciar los trámites de su aprobación. La nueva ley, que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre de 2018, busca dar transparencia a los consumidores y seguridad jurídica a la banca. Su llegada traerá cambios para los actuales hipotecados, como la posibilidad de convertir una hipoteca variable en fija o más defensas ante los desahucios. Para los nuevos préstamos, también traerá menos comisiones y mayor control por parte de los notarios. Resumimos el impacto en cada caso:

El Ejecutivo ha adjudicado las ayudas para las denominadas estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) por un montante de 301,4 millones de euros. Los fondos provienen de Europa y van a tener como destinatarios a 40 municipios repartidos por toda España. Desde que se empezaron a conceder estas ayudas, se han movilizado 1.013 millones de euros que han beneficiado a 123 ciudades.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera necesario continuar con las reformas en política económica, aunque cree que las últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, como la subida del salario mínimo o el incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, pueden ser contraproducentes. El organismo opina que lastrarán la inversión empresarial, el crecimiento y el empleo y explica que la consolidación presupuestaria no solo debe venir de aumentar los ingresos.

El 90% de los directivos españoles considera positiva la llegada de un Ejecutivo según la encuesta que ha realizado la consultora Adecco. Más de la mitad de ellos cree que el fin de la parálisis política impulsará el crecimiento económico y la creación de empleo, aunque avisan de que para conseguirlo es necesario dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral. Los expertos aseguran que el mercado del trabajo debe ser más flexible y a la vez garantizar la seguridad de los trabajadores.

La Fundación FAES, creada por José María Aznar, ha visto recortadas con fuerza las subvenciones que recibe de manos del Gobierno. Si entre 2004 y 2011 recibió anualmente más de 3 millones de euros, desde que Mariano Rajoy preside el Gobierno la cifra no ha pasado de 1,8 millones.

La Comisión Europea ha dejado claro que España, al igual que el resto de miembros de la UE, debe presentar el borrador de los Presupuestos Generales de 2017 el próximo 15 de octubre. Ese día también debe informar sobre las medidas que llevará a cabo para corregir el déficit público. Economía cree que no hay tiempo para presentar unos nuevos presupuestos, mientras la agencia Moody’s alerta de los riesgos económicos y fiscales del ‘impasse’ político.

El Partido Popular y Ciudadanos han escenificado su acuerdo con la firma del documento '150 compromisos para mejorar España'. El documento contiene cinco bloques: Economía, sociedad, lucha contra la corrupción, modelo territorial y política internacional. En ellos se habla de bajadas de impuestos, de endurecimiento de las medidas contra el fraude fiscal, de garantizar las pensiones y de una sanidad universal y gratuita.

El servicio de estudios de la entidad financiera asegura que la economía española se enfrentará a un sinfín de riesgos durante los próximos meses, aunque cree que el mejor escudo para combatirlos es la política monetaria del Banco Central Europeo. BBVA Research cree que el organismo fortalecerá su famoso programa de compra de deuda, lo que dará confianza al sector público y privado y ayudará a acelerar su desendeudamiento.

Catedráticos, expertos en fiscalidad y empresarios han puesto deberes al próximo Gobierno en materia tributaria. Según un estudio realizado por PwC, la opinión mayoritaria es no tocar el Impuesto de Sociedades, aplicar una rebaja tributaria a los trabajadores y acercar el IVA al modelo alemán (que solo tiene dos tipos). También exigen eliminar las diferencias autonómicas en el Impuesto de Sucesiones y Patrimonio, simplificar el sistema y bajar las cotizaciones sociales.

El Gobierno balear aplicará una tasa turística a todos aquellos que visiten las islas a partir del 1 de julio. El coste estará entre 25 céntimos y 2 euros por cada noche que pase el visitante en un alojamiento reglado, entre los que están hoteles, viviendas vacacionales y cruceros. La bautizada 'ecotasa' se enmarca en el proyecto de ley que aboga por un turismo sostenible, uno de los principales objetivos políticos de la región.

El acuerdo que han suscrito PSOE y Ciudadanos para intentar formar Gobierno contempla una batería de medidas para impulsar el autoempleo. Entre ellas están adecuar la cotización a los ingresos reales, pagar la cuota en función de los días trabajados, aplazar el desembolso de la cuota mensual sin sufrir una penalización, eliminar las retenciones a las rentas más bajas y flexibilizar los criterios de aplicación de la famosa ‘tarifa plana’ de 50 euros.