El corte de suministro eléctrico es la última consecuencia de una cadena de avisos y notificaciones que se activa cuando un consumidor deja de pagar sus facturas. Lejos de producirse de inmediato, el procedimiento en España es largo, garantista y puede prolongarse durante varios meses. Este proceso, desde la primera factura no pagada hasta la suspensión efectiva del suministro, puede durar más de dos meses, o incluso más en casos especiales, como para aquellas personas vulnerables y que cuentan con el bono social eléctrico.
El Banco de España explica en su último informe de estabilidad financiera que el 8% de la cartera de préstamos del sector financiero concedido a empresas y familias está en situación de vigilancia especial, lo que significa que corren el riesgo de entrar en mora. La cifra equivale a unos 94.000 millones de euros, tras dispararse más de un 14% a cierre de 2021, y está por encima de los niveles prepandemia. “Ciertos signos de deterioro podrían anticipar un aumento de los activos problemáticos en el futuro”, alerta el supervisor de la banca.
La crisis del coronavirus ha tenido un impacto directo en los ingresos de las familias. Tanto es así que un 25% de los consumidores en España no pudo cumplir a tiempo con sus obligaciones de pago durante el año pasado, según un estudio de Intrum. La compañía también señala que una tercera parte de los hogares apenas dispone del 10% de su sueldo tras pagar las facturas esenciales y alerta de que el 20% no tendrá recursos suficientes paga cubrir gastos como la hipoteca una vez que terminen las moratorias que pusieron en marcha el Gobierno y la banca.
El 3,5% del saldo vivo de préstamos para la compra de vivienda sufrió impagos en primavera, en plena crisis del coronavirus y a pesar de las moratorias hipotecarias puestas en marcha por el Gobierno y el sector financiero. Según los datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), hay casi 16.900 millones de euros en hipotecas dudosas y es la primera vez desde 2017 que hay un repunte de la morosidad.
La portavoz socialista de vivienda, leire iglesias, ha presentado en el registro del congreso de los diputados una proposición de ley contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar.
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