La Junta de Andalucía ha aprobado una serie de incentivos fiscales para hacer frente a la despoblación en pequeñas poblaciones. Los residentes en aquellos municipios con menos de 3.000 habitantes tendrán ayudas económicas a la hora de comprar una vivienda, ya que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) se ha reducido del del 8% al 3,5%, siempre y cuando el nuevo inmueble se destine como vivienda habitual y su precio de compra no supere los 150.000 euros. Esta medida beneficiará a un total de 426 municipios y también contempla ayudas económicas por hijos, las cuales han aumentado de 200 a 400 euros por menor.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de nuevas deducciones y bonificaciones para facilitar el acceso a la vivienda. El Ejecutivo regional estima que medio millón de madrileños podrán beneficiarse y que el ahorro podría llegar a 118 millones de euros. Entre las medidas, se incentiva la salida de viviendas vacías al mercado de alquiler con desgravaciones de 1.000 euros para los propietarios, se amortigua el incremento de la cuota en hipotecas variables y varias ayudas a combatir la despoblación en zonas rurales. Se prevé que tras su aprobación en la Asamblea de Madrid entre en vigor este año para su aplicación en la próxima campaña de la Renta.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que compensará el impacto de la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, convalidado la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y lo hará a través de incentivos fiscales para atraer inversión y fomentar la creación de empleo, con deducciones especiales para familias y empresarios. Ayuso ha reivindicado el modelo fiscal madrileño y ha criticado que el tributo es un ataque a los patrimonios de la región.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional impulsará un incentivo fiscal para nuevos inversores en la autonomía que pretende que actúe como "contrapeso" al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas del presidente del Gobierno, Ped
El proyecto de las cuentas públicas para 2022 que ha aprobado el Gobierno y que llega al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria incluye un recorte drástico de las bonificaciones fiscales para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, que pasarán del 85% al 40%. Esa mayor tributación se destinará a sufragar las exenciones fiscales de hasta el 90% dedicadas a los pequeños propietarios que decidan bajar las rentas de sus inquilinos en las zonas tensionadas.
La autoridad monetaria recomienda en un informe crear incentivos fiscales para los arrendatarios y combinarlos con una mejora regulatoria que aumente la seguridad jurídica y un mayor énfasis de las políticas públicas de vivienda para que la oferta de inmuebles en alquiler crezca de forma sostenida y no se produzcan subidas excesivas de los precios. Y avisa de que la pandemia aumentará más el nivel de desigualdad en España.
El sector inmobiliario tiene muy claro que su recuperación y reconversión pasa por estrechar lazos con el sector público.
"Incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresariales", ésos serán los principales objetivos de la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización aprobada ayer en el congreso de los diputados
Seis líneas de actuación y quince medidas resumen la filosofía
La confederación española de cajas de ahorros (ceca) considera que es inadecuado cambiar la ley hipotecaria para generalizar la dación en pago porque ello traería más dificultades a la hora de conseguir un crédito.
José García montalvo, catedrático de economía de la universidad pompeu fabra, asegura que para que haya una mejora en el sector inmobiliario hace falta que los precios de la vivienda se ajusten a la capacidad adquisitiva de las familias.
El gobierno británico prepara una batería de medidas, entre las que se incluirán importantes incentivos a los compradores y exenciones fiscales, con el doble objetivo de reanimar el mercado inmobiliario y recuperar la confianza de los ciudadanos a menos de dos años del teórico plazo de convocatoria
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